La Ley de Dependencia en Andalucía se sitúa como una de las peores gestionadas, y a la cabeza, de toda España. El 16 de marzo de 2024 entró en vigor en la Comunidad Autónoma un decreto que cambiaba el funcionamiento de esta ley. Se cambió la administración pública por empresas privadas, con el objetivo de mejorar y agilizar el proceso de valoración y el derecho a las prestaciones. «No es razonable que muchas familias tengan que esperar meses y meses para tener una valoración de dependencia», afirmó el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, cuando se aceptó el decreto.
Más de un año después, la Junta presume que desde el cambio hay un mayor número de beneficiarios y un mayor número de prestaciones, 302.871 y 455.031 respectivamente, a fecha 1 de agosto de 2025, pero la realidad es que las listas de esperan triplican la media establecida en ese nuevo decreto. Un tiempo estimado de 180 días que se sitúa actualmente en 579 y que supera por 200 días, seis meses aproximadamente, la media nacional.
La delegada de Comisiones Obreras (CCOO) en Andalucía, Vanesa Gálvez, asegura que el principal causante del «nefasto» funcionamiento ha sido la privatización del servicio, por una empresa, que es «un ente de marketing, que no entiende los servicios sociales, no conoce el sistema, sumado a un nuevo programa informático que tiene muchas carencias, que no guarda bien los expedientes y tiene fallos de funcionamiento continuamente». Además, lo achaca a la «infrafinanciación». «Lo único que han hecho es dedicar menos dinero, mientras el Estado ha dedicado más», asegura. El Gobierno español ha aumentado su aportación a la Ley de Dependencia en Andalucía en un 10% alcanzado el 40%, aunque todavía sin ser suficiente puesto que lo establecido es la mitad, un 50% la Junta y un 50% el Estado.
Trabajadores del servicio y desde los Ayuntamientos inciden en que, aparte de los recursos económicos, también es necesario una inversión en recursos técnicos. «Los trabajadores están pendientes de estabilizaciones que no llegan, meses en limbos que hacen que muchos tengan que darse de baja por ansiedad», revela Patricia Lara, concejala de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Maracena. «Somos las mismas personas que hace 17 años, y algunos que se han quedado por el camino», apostilla Gálvez.
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Actualmente hay entre 150 y 200 valoradores para toda Andalucía, una cifra totalmente «insuficiente» que hace que las valoraciones a fecha de 4 de agosto de 2025 vayan por los usuarios de 2023 y las revisiones por los de 2022. «No hay derecho», reclama Gálvez.
Un plan de choque más perjudicial que beneficioso
El pasado mes de mayo, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, participó en el II Congreso de UGT Servicios Públicos Andalucía, donde anunció la puesta en marcha de un plan de choque para reforzar el servicio de atención a la Dependencia con la incorporación de 305 profesionales. Con la intención de agilizar el proceso y cubrir las carencias de personal que asume que tiene el sistema.
Aun así, Patricia Lara asegura que para las grandes ciudades, como lo es Maracena, esto va a hacer que colapse su sistema de ayuda a domicilio. «Llevamos meses sin nuestra valoradora, porque ha estado de baja, y ahora nos mandan a tres nuevas que en un mes nos aportarán 40 casos que van a agotar nuestros recursos, porque los ayuntamientos tenemos un mes para dar una resolución», explica Lara. «No puedes no gestionar nada durante un año y querer hacerlo todo de bulla y corriendo», añade Gálvez.
La delegada de CCOO y también valoradora, argumenta que lo que necesitan es volver a su forma anterior de trabajar: «Gestionar nuestros casos, nuestras agendas, tener contacto directo con la gente, no como si nosotros fuéramos robots y ellos autómatas». En Andalucía, estas listas de espera infinitas se suman a que muchos de los que están esperando una valoración no llegan a verla. En el año2024, fallecieron 5.751 personas en listas de espera.
Lara sostiene que su principal cometido es «evitar la institucionalización» de una persona que quiere estar en su hogar: «Donde la Junta ve números, hay que ver una Carmen, una Manuela, un Manuel, que tienen 80 u 85 años, que llevan tres años esperando que les resuelvan el expediente, que tienen hijos que los cuidan, pero que no pueden llegar a todo, y lo que tienen que ver son personas».
«A mi madre se le termina el dinero»
Una mujer de 91 años que va en silla de ruedas, que está en una residencia porque no se puede valer por ella misma, sin dormir, toda la noche dando voces y con sujeciones, es la situación de Teresa García, la madre de Elisenda Palma.
«Pedí la primera solicitud hace ocho años, tanto a mi madre como a mi padre. A mi madre ni la valoraron y a mi padre le dieron el grado III, pero pasaron dos años y medio y murió sin tener ningún tipo de ayuda. En octubre de 2022, volví a solicitarla para mi madre y la valoraron el 25 de julio de 2024. Le concedieron el grado III, pero, a día de hoy, sigue sin resolución y sin ayuda», explica sobre el procedimiento que ha seguido para llegar al punto en el que están hoy con su madre y califica al sistema de Dependencia en Andalucía como «malísimo».
Para la familia, la mayor preocupación es que si no consiguen la ayuda no tienen los recursos suficientes para poder pagar todos los cuidados que Teresa necesita. «A mi madre se le acaba el dinero, los ahorros de su vida y tiene una paga muy pequeña, entonces, todo tiene un límite y no sé como vamos a hacernos cargo cuando se le acabe el dinero», confiesa entre lágrimas y muy consternada Elisenda Palma, quien espera que esta situación no tarde demasiado tiempo más en tener una solución.
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