La política española atraviesa una crisis de credibilidad. En apenas diez días, tres representantes públicos de diferentes formaciones han tenido que abandonar sus cargos tras descubrirse que habían mentido sobre su formación académica. Un fenómeno que se extiende como una mancha de aceite por todo el espectro político.
Ignacio Higuero se convirtió este viernes 1 de agosto en el protagonista del último capítulo de esta serie de escándalos. El responsable de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura presentó su dimisión después de que saliera a la luz una mentira que arrastraba desde hace décadas.
Los casos afectan a representantes de PP, PSOE y Vox en diferentes comunidades autónomas
Durante años, Higuero presumió de ser «licenciado en Marketing por el CEU en 1993». La realidad era muy diferente: esa carrera no se impartía en dicha universidad hasta veinte años después. Las primeras promociones se graduaron en 2013, evidenciando una falsificación que le acompañó durante toda su carrera política.
El político, que comenzó la actual legislatura como alto cargo de Vox antes de abandonar el partido tras la ruptura de las coaliciones autonómicas, optó por dimitir «para no causar perjuicios al Gobierno autonómico», según el comunicado oficial.
Investigaciones por falsedad documental
Apenas 24 horas antes, José María Ángel Batalla también tomó la decisión de dimitir por un caso similar. Aunque en este particular fue la Agencia Antifraude de la Comunidad Valenciana destapó su mentira académica. En su expediente oficial figuraba un título de la Universidad de Valencia que jamás obtuvo.
Esta falsificación no solo mancha la reputación, sino que le habría permitido beneficiarse económicamente durante años al acceder a empleos públicos mejor remunerados sin cumplir los requisitos. La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias para investigar si cometió un delito de falsedad documental y malversación de fondos públicos. El caso promete tener consecuencias judiciales que van más allá de la dimisión política.
Y todo comenzó con Noelia Núñez, la joven promesa del PP que parecía destinada a un futuro brillante en la formación conservadora. Su caída en junio pasado por inventarse un «doble grado en Derecho» abrió la veda para escrutar los currículos de otros políticos. Desde entonces es un arma arrojadiza entre políticos, aunque están dándose cuenta de que se están haciendo daños todos unos a otros.
Los partidos publican currículos sin verificar y el Congreso reproduce los datos sin escrutinio
El caso Núñez actuó como catalizador de una oleada de investigaciones periodísticas que han puesto en el punto de mira las biografías oficiales de cientos de representantes públicos. La raíz del problema radica en la ausencia total de verificación. Los partidos políticos publican los currículos que les proporcionan sus candidatos sin contrastar la información.
El Congreso de los Diputados hace lo mismo: reproduce fielmente los datos que recibe sin someterlos a escrutinio alguno. Esta falta de control contrasta radicalmente con otros ámbitos. Cualquier ciudadano que se presente a una oposición debe acreditar documentalmente todos sus méritos, pero los políticos quedan exentos de esta obligación básica.
Más allá de la titulitis, una cuestión de honestidad
Este fenómeno no es nuevo. Cristina Cifuentes perdió la presidencia de Madrid por las irregularidades en su máster, mientras que Carmen Montón tuvo que renunciar al Ministerio de Sanidad por plagiar su trabajo universitario. El Gobierno anunció medidas para endurecer las sanciones por aportar información falsa, pero está claro que son insuficientes.
Por otro lado está el debate de la titulitis y lo que se necesita para ser un buen gestor público, pero por encima de eso está la honestidad y lo que es intolerable es la falsedad documental. La ciudadanía reclama controles más estrictos y transparencia real en una clase política cada vez más cuestionada, ya no sólo por su nivel como por su afición a las medias verdades.
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