Los vecinos de la barriada Guadalquivir de Coria del Río, afectados por una fuga de hidrocarburos procedente de la gasolinera de Zamarrilla Inversiones S.L., estudian convocar una manifestación en la sede de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente o en el Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz, si en septiembre no reciben información oficial sobre el estado actual de la contaminación y las medidas adoptadas.
La Junta de Andalucía ha fijado ese mes como fecha para presentar el informe definitivo de sus mediciones ambientales en la zona, tras más de dos meses de análisis y la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas para el estudio.
Causa abierta en los tribunales
Mientras tanto, el Juzgado de Instrucción número 20 de Sevilla mantiene abiertas diligencias por una denuncia penal de los vecinos contra varias autoridades, entre ellas la actual consejera de Salud, Rocío Hernández, y su antecesora y actual consejera de Medio Ambiente, Catalina García, por una presunta “inacción prolongada” ante la exposición a agentes químicos potencialmente tóxicos. También están señalados en la denuncia otros responsables del Servicio Andaluz de Salud.
La portavoz del colectivo, Rogelia Gómez, ha criticado que el informe sobre la situación sanitaria de los vecinos elaborado en 2022 se entregó al juzgado “solo tras numerosas peticiones” de los afectados, y ha subrayado que “no era un estudio epidemiológico completo”, algo que aún reclaman.
Un informe “demoledor”
Uno de los documentos más relevantes del caso es el informe de la Unidad Técnica de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado, emitido en diciembre de 2024, que califica la situación como de “peligro global de grave afección” al medio natural y a la salud humana.
El informe señala que se ha producido contaminación en aguas subterráneas, suelos y aire, con compuestos orgánicos presentes en los hogares que coinciden con los hidrocarburos (gasolina, gasoil y aceites minerales) vertidos desde los tanques subterráneos de la gasolinera. En concreto, recoge un “riesgo de daño sustancial para la salud de las personas” y evidencia una disposición inadecuada de los contaminantes, producto del mal estado de las instalaciones.
“Llevamos más de 15 años inhalando ese rosario de compuestos orgánicos volátiles”, ha señalado Rogelia Gómez. “El primer responsable debería ser el Ayuntamiento de Coria y está claro que siguen dejándonos morir”.
La Junta defiende sus actuaciones
La consejera Catalina García defendió recientemente en el Parlamento andaluz la labor de su departamento, asegurando que se han realizado estudios, análisis técnicos y revisiones clínicas, y reiteró el compromiso de la Junta de seguir trabajando en la zona.
Por su parte, la consejera de Salud, Rocío Hernández, manifestó que el anunciado estudio epidemiológico fue realizado y remitido al juzgado correspondiente. También señaló que se han reforzado las urgencias en atención primaria y creado una consulta específica para los vecinos afectados, aunque insistió en que no se ha acreditado una relación causal directa entre la contaminación y las dolencias de los vecinos.
Mesa de trabajo sin los afectados
En marzo de este año, la Consejería de Medio Ambiente constituyó una mesa de trabajo en cumplimiento de una proposición no de ley aprobada por el Parlamento andaluz a iniciativa del PSOE. Sin embargo, esta mesa no incluye representación de los afectados, algo que el colectivo critica duramente.
Los vecinos insisten en que si en septiembre no se les facilita información clara y oficial, convocarán una protesta ante la sede de la Consejería o en San Telmo. “No vamos a esperar más”, ha afirmado su portavoz.
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