La Audiencia Provincial de Granada celebrará entre el 19 de enero y el 2 de febrero de 2026 el juicio contra 17 personas acusadas de formar parte de una organización criminal dedicada a la venta y distribución de marihuana a distintos países de Europa. Según la investigación, la red tenía su centro de operaciones en la localidad granadina de Dúrcal y contaba con una estructura organizada para abastecer tanto a compradores nacionales como, especialmente, a ciudadanos de nacionalidad francesa.
Entre los acusados se encuentra el presunto cabecilla de la organización, para quien la Fiscalía solicita una pena de 18 años de prisión, además de una multa que asciende a seis millones de euros. Junto a él se sentará en el banquillo su esposa, también considerada parte activa de la trama, para la que el Ministerio Público pide seis años de cárcel. Así consta en el escrito de acusación provisional elaborado por la Fiscalía, que detalla el funcionamiento interno del grupo y el papel que desempeñaba cada uno de sus miembros.
Golpe al tráfico de drogas y el blanqueo en Almería, Málaga, Granada y Alicante
La mayoría de los investigados son de nacionalidad española y, de acuerdo con la acusación, todos cumplían funciones diferenciadas dentro de la organización. Mientras unos se encargaban de contactar con proveedores y compradores de la sustancia estupefaciente, otros asumían tareas logísticas, de aprovisionamiento, vigilancia, custodia de la droga y transporte hasta los puntos de entrega. Esta distribución de funciones, según sostiene la Fiscalía, permitía a la red operar de forma continuada y minimizar riesgos.
Una operación clave de la Guardia Civil en 2017
La investigación culminó con una amplia operación policial desplegada por la Guardia Civil el 10 de octubre de 2017. Durante ese dispositivo se practicaron numerosos registros en distintos puntos de la provincia de Granada, uno de los más relevantes en un cortijo situado en el término municipal de Dúrcal, que presuntamente funcionaba como almacén y punto de distribución de la droga.
En dicho inmueble, los agentes localizaron cerca de 50 kilos de marihuana ya preparada para su comercialización, además de más de 54.000 euros en efectivo. Según recoge el escrito de acusación, durante el registro los guardias civiles sorprendieron al supuesto líder de la organización mientras realizaba una operación de venta de marihuana a otros investigados, lo que reforzó los indicios sobre su papel dirigente dentro de la trama.
Además de dicho cortijo, la Guardia Civil registró varios domicilios vinculados a los acusados, donde se incautaron cantidades adicionales de droga y dinero. En uno de esos registros se hallaron más de 70.000 euros procedentes, presuntamente, de la venta de marihuana. La investigación también permitió constatar que la organización utilizaba diferentes viviendas y fincas para almacenar la sustancia y ocultar tanto la droga como los beneficios obtenidos.
Con anterioridad a la operación de octubre de 2017, los agentes ya habían intervenido varias partidas de marihuana relacionadas con esta red en la autovía A-92. Estas aprehensiones previas fueron clave para seguir el rastro de la organización y documentar su actividad continuada en el tráfico de drogas a gran escala.
Tráfico de drogas y blanqueo de capitales
La Fiscalía considera acreditado que los principales responsables de la organización obtuvieron importantes beneficios económicos gracias a esta actividad ilícita. En el caso del matrimonio señalado como “jefes de la organización”, el Ministerio Público sostiene que intentaron blanquear el dinero procedente del tráfico de drogas mediante diversas operaciones patrimoniales, entre ellas la compra de fincas y explotaciones agrícolas.
Por estos hechos, el fiscal acusa a los 17 investigados de delitos contra la salud pública por tráfico de drogas y, en algunos casos, de blanqueo de capitales. Las penas solicitadas oscilan entre los 18 años de prisión para el principal acusado y los tres años y medio para otros miembros de menor relevancia dentro de la red, además de multas de cuantía millonaria.
Asimismo, la Fiscalía solicita que, en caso de condena, se acuerde el decomiso de varios bienes adquiridos presuntamente con dinero procedente de la actividad delictiva. Entre ellos figuran cinco fincas, una explotación agrícola y ganadera situada en el municipio de Órgiva, una cabaña equina en Dúrcal y varios vehículos utilizados, según la acusación, para facilitar el transporte de la droga o el movimiento del dinero.
El juicio, que se prolongará durante dos semanas en la Audiencia Provincial de Granada, permitirá escuchar las declaraciones de los acusados, testigos y agentes que participaron en la investigación, y será determinante para esclarecer el alcance real de una de las operaciones antidroga más relevantes desarrolladas en la provincia en los últimos años.
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