Es una tradición permanente en la provincia de Málaga el homenaje a los los represaliados durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. En este sentido, la ciudad de Málaga ha llevado a cabo un acto institucional, justo en el lugar en donde descansan los restos de aproximadamente 3.000 cuerpos que fueron asesinados en dicho periodo, en el Panteón de la Memoria Histórica .
El alcalde, Francisco de la Torre, junto a otros ediles de la Corporación municipal, han participado en este homenaje institucional municipal que se celebra anualmente y al que también ha asistido en representación del Gobierno el subdelegado en Málaga, Javier Salas. En concreto, este homenaje tiene lugar en el denominado Panteón de la Memoria Histórica, ubicado en el referido camposanto de la capital malagueña.
El Panteón de la Memoria Histórica de Málaga, con forma de pirámide e inaugurado en enero de 2014, es fruto del convenio de colaboración firmado entre el Consistorio y la Asociación contra el Silencio y el Olvido y por la Recuperación de la Memoria Histórica de Málaga.
Una década en pie
El genocidio que se prolongó desde 1937 hasta 1955 se percibe en el camposanto, donde este monumento lleva desde 2014 en pie. Su inauguración supuso cerrar una etapa de otra década de trabajo intenso por parte de la Asociación contra el Silencio y el Olvido y por la Recuperación de la Memoria Histórica de Málaga, los impulsores de la pirámide que ya se ha convertido en un símbolo en la ciudad.
Ya lo pronunció en su día el presidente de la asociación, Francisco Espinosa, durante su inauguración: «Se cierra un duelo que ha durado más de 75 años, sin afán de revanchismo, sólo con mucho dolor». Con alrededor de 2.900 cuerpos, según confirmó Rafael Molina, su vicepresidente hace tres años, este mausoleo con los nombres de las víctimas grabados, ha logrado recobrar la dignidad de los asesinados, convirtiéndose en un hito a nivel nacional.
El Panteón de la Memoria Histórica supuso una inversión 220.000 euros, además de ser fruto de un acuerdo institucional entre el Gobierno central, el Ayuntamiento de la capital y la Junta de Andalucía, también se sumó la Universidad de Málaga, que hizo buena parte del trabajo y los estudios para que las exhumaciones fueran posibles.
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