La crisis de la vivienda en Málaga se instala como el principal asunto de debate en los plenos del Consistorio. En este caso, una respuesta de la Gerencia Municipal de Urbanismo al grupo municipal Con Málaga ha desvelado un nuevo dato que se une a la conversación. Dicha contestación oficial revela que apenas un 33% de las viviendas de protección oficial (VPO) incluidas en el PGOU de 2011 cuentan a día de hoy con los requisitos necesarios para ser ejecutadas.
En cifras, de las más de 23.000 viviendas VPO posibles en el planteamiento de la ciudad, sólo 5.865 tienen el trámite urbanístico completo, lo que deja abierta la gestión de 17.642 viviendas más. Esta reserva de suelo se distribuye en 3.187 VPO en suelos urbanos no consolidados y 12.881 en suelos urbanizables sectorizados, a las que habría que restar las 1.265 que están en fases iniciales de desarrollo pero aún sin aprobación definitiva.
Los datos desvelan, además, que el desarrollo de las promociones avanza de manera desigual. Entre los sectores más inmediatos destacan los de Distrito Zeta, donde restan casi un millar de viviendas, y Cortijo Merino, con más de 500, ambos junto a la barriada de Intelhorce. También se encuentran en obras de urbanización proyectos como el de La Térmica, con 273 VPO pendientes de la reubicación de una subestación eléctrica, o el de Portillo, con 50 viviendas a la espera de urbanizarse.
El resto de los suelos, en cambio, se encuentran en un horizonte más lejano. El planeamiento prevé 2.754 viviendas en Lagar de Oliveros, 999 en Soliva Oeste, 803 en los suelos de la EMT y Servicios Operativos, o 400 en los terrenos de Repsol, entre otros ámbitos, pero ninguno de ellos ha superado los trámites necesarios para empezar a construirse
Desde Con Málaga, su portavoz adjunta Toni Morillas ha denunciado que el alcalde, Francisco de la Torre, «ha dejado sin ejecutar el 70% de las viviendas protegidas previstas en el PGOU». La formación llevará al próximo pleno una moción en la que exigirá medidas para acelerar la promoción de vivienda asequible en la ciudad, desde la movilización inmediata de suelo hasta la declaración de Málaga como zona tensionada, con el fin de abaratar los alquileres y frenar la presión del mercado inmobiliario.
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