Una decena de personas en riesgo de desahucio de viviendas ubicadas en el municipio malagueño de Manilva se ha desplazado hasta las puertas del Congreso de los Diputados para explicar su situación y reclamar una salida al conflicto. Según han expuesto los afectados, el caso afecta a 62 familias —cerca de 300 personas— después de que sus viviendas se hayan vendido a un fondo de inversión. Los residentes sostienen que tenían derecho preferente a comprar sus pisos y que «no se les permitió ejercerlo».

Entre las personas que han intervenido figura Conchi López Reyes, quien ha asegurado que sus contratos contemplaban un derecho a compra que, según denuncia, «se ha vulnerado» al venderse los inmuebles sin ofrecerles esa opción. «Hemos venido desde Manilva para buscar una solución. Somos 62 familias que vamos a ser desahuciadas el mes que viene», ha afirmado.

Denuncia por derecho vulnerado

López Reyes ha sostenido que las viviendas «se han vendido a una empresa buitre por 15.000 euros» y que, posteriormente, a los residentes no se les ofrece la posibilidad de adquirirlas por un importe asumible. «A nosotros nos lo quieren vender ahora por 200.000 euros», ha señalado, aludiendo a la dificultad de afrontar esa cantidad con los ingresos habituales de las familias afectadas.

En su intervención, la afectada ha puesto el foco en el impacto social de un posible desalojo. «Tenemos más de 50 niños que se van a quedar sin estar en sus casas. Muchas personas vulnerables», ha indicado, antes de insistir en que acuden a Madrid para pedir una solución institucional que evite que las familias «se queden en la calle».

Dudas sobre el procedimiento

También ha hablado Juan José Sánchez Romero, vinculado a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Chiclana, quien ha apuntado a posibles irregularidades en el procedimiento. A su juicio, existen «defectos de forma» que podrían afectar a la validez del proceso judicial, al referirse a discrepancias en el número de fincas incluidas.

Según ha explicado, el bloque estaría compuesto por «124 fincas» sobre las que se pretende tomar posesión, mientras que, en su versión, la adjudicación se habría realizado sobre «59». «Si hay defectos de forma, ese procedimiento debería ser nulo de pleno derecho», ha señalado.

La protesta se produce en un contexto de incertidumbre para las familias, que aseguran estar pendientes de un desahucio en el corto plazo. Los afectados han reclamado que se revise el caso y se articule una solución que permita evitar los desalojos o, al menos, garantizar alternativas habitacionales.

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