Diecisiete años. Es el tiempo que ha transcurrido desde que comenzara la instrucción del ‘caso Astapa’ hasta el día de hoy, 8 de noviembre, cuando el Tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga ha procedido con la lectura del fallo de la sentencia en la que declaran culpable, entre otros, al exalcalde de Estepona, Antonio Barrientos. Además, otras 14 personas han sido condenadas mientras que 31 han sido absueltas.

El que fuera alcalde de Estepona estaba acusado de delitos de falsedad, fraude, malversación, cohecho y de prevaricación. La Fiscalía pidió para él 10 años y 9 meses de prisión y una multa de un millón de euros. Sin embargo, la evolución del caso y las indagaciones provocaron una disminución considerable de las penas, entre ellas la de Barrientos, que ha sido condenado por cohecho a cinco meses de suspensión de cargo público y 40.000 euros de multa.

La Fiscalía Anticorrupción ha sostenido que los políticos procesados utilizaron sus puestos de responsabilidad para tomar decisiones con el objetivo de “obtener fondos de promotores y empresarios y así financiar actividades públicas y privadas en beneficio propio”. Durante el proceso judicial, en el que se investigan hechos ocurridos entre 2003 y 2008, se llegó a plantear incluso la existencia de una ‘Caja B’ e incluso una ‘Caja C’ con aportaciones de promotores con intereses inmobiliarios.

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Aunque la Fiscalía mantuvo el relato inicial en el escrito definitivo, matizó que no se podía probar que las negociaciones de los responsables municipales buscaran anteponer el interés de las promotoras al del propio municipio. También introdujo la acusación pública precisiones y correcciones en cuanto a la tramitación de expedientes en materia de disciplina urbanística entre 2003 y 2008, que si se hubiesen tramitado con normalidad el Ayuntamiento «habría podido recaudar por la vía de sanciones unos 43 millones de euros», pero debido a su caducidad y «la ausencia de actos de reactivación» habían prescrito.

Las defensas, por contra, han venido cuestionando la investigación, que han tachado de «irregular». En este sentido, las letradas del exalcalde han sostenido que la causa se inició «sin control» judicial y con «continuos» contactos antes de la denuncia entre los denunciantes y agentes, como el comisario ahora jubilado José Manuel Villarejo, a quien las defensas dan un papel prioritario en el origen de la investigación.

En este sentido, el exalcalde se ha mostrado convencido de su inocencia en todo momento, incluido en su entrada en la mañana de este viernes a la Ciudad de la Justicia de Málaga, donde ha confirmado que fue un alcalde decente, honesto e integro y actuó en defensa de lo público.