El obispo de Málaga, José Antonio Satué, ha comparecido este viernes ante los medios para explicar la postura de la Iglesia ante el juicio contra el sacerdote de Vélez-Málaga acusado de abusar sexualmente de cuatro mujeres, suministrarles droga y grabarlas sin su consentimiento durante años. El conocido como ‹padre Fran› se enfrenta a una petición de 72 años de prisión y 1,2 millones de euros en indemnizaciones en un juicio que comenzará el próximo lunes en la Audiencia Provincial de Málaga.

«Pido perdón en nombre de la iglesia» a todas las personas que no encontraron «la comprensión y el apoyo que debieron recibir» en casos como este, ha declarado el obispo, al tiempo que ha asegurado que, desde su llegada a Málaga, reza por las mujeres afectadas y sus familias.

El obispo se ofreció a reunirse con las mujeres afectadas

El obispo también ha revelado que hace un mes trasladó a las víctimas su disposición a reunirse con ellas para escucharlas y explicarles la posición de la Iglesia ante esta situación, aunque, de momento, no han aceptado ese ofrecimiento debido a la tensión previa al juicio.

Además, ha insistido en que la diócesis colaborará con la Justicia para «esclarecer la verdad y hacer justicia» y ha mostrado su confianza en los tribunales ante un proceso que ha calificado de «muy complejo y delicado». «Estamos ante una situación que ha provocado y sigue provocando un sufrimiento muy profundo en las personas y en las familias directamente afectadas», ha insistido. 

Satué ha confirmado que la diócesis defenderá en el juicio que no debe asumir responsabilidad civil subsidiaria al considerar que no encubrió los hechos ni ignoró las acusaciones contra el sacerdote. Aun así, ha asegurado que, si se demuestra la culpabilidad del acusado, «la iglesia católica y, por supuesto, también nuestra diócesis de Málaga ha asumido el compromiso de reparar a las víctimas de abusos por parte de sacerdotes incluso cuando los tribunales no obliguen».

El proceso canónico se inició en 2023

Sobre el proceso canónico abierto por el Obispado, el obispo ha explicado que se inició en 2023, aunque quedó paralizado a la espera de la resolución judicial civil, ya que, según ha explicado, «los tribunales civiles tienen muchos más medios que puede tener un obispado para poder investigar». En este sentido, ha señalado que las investigaciones y pruebas que se practiquen en el proceso judicial servirán posteriormente para avanzar en la vía canónica, ahora asumida por el Tribunal de la Rota de Madrid para garantizar su independencia.

En relación con una posible reparación a las víctimas más allá de la responsabilidad civil que pueda determinar la Justicia, Satué ha asegurado que el Obispado ya ha trasladado esa posibilidad a los abogados de las mujeres afectadas, aunque todavía no se ha iniciado un diálogo formal porque será el tribunal quien determine primero si existe o no responsabilidad civil subsidiaria de la diócesis. «Nosotros creemos honradamente que no la tenemos, pero serán los tribunales quienes dictaminen», ha señalado. «Nosotros la asumiremos en el caso de que el sacerdote sea declarado culpable», ha añadido. 

Sin contacto con el sacerdote acusado

Preguntado también por si ha podido hablar con el sacerdote acusado y si este ha mostrado arrepentimiento, el obispo ha reconocido que todavía no ha mantenido contacto con él. Según ha explicado, hace algo más de un mes también le ofreció la posibilidad de reunirse, aunque por el momento no ha obtenido respuesta. Aun así, ha insistido en que seguirá dispuesto a escuchar «sea cual sea el resultado de los tribunales de justicia».

La diócesis de Málaga ha anunciado además que no realizará más declaraciones públicas sobre este asunto hasta que concluya el juicio y exista una sentencia judicial.

Así será el juicio

El juicio contra el sacerdote Francisco Javier C. V., acusado de agresión sexual, lesiones y revelación de secretos, arrancará el próximo lunes 25 de mayo en la sala de vistas número 2 de la Ciudad de la Justicia de Málaga. La Audiencia Provincial ha previsto sesiones para los días 25, 27 y 28 de mayo, además de una posible cuarta jornada el 29 de mayo. El día 26 no habrá vista.

Según la planificación trasladada por el tribunal, las dos primeras sesiones estarán centradas en las declaraciones de las denunciantes, testigos y agentes de la Policía Nacional. El interrogatorio del acusado se fijará durante el desarrollo del juicio y, en cualquier caso, no tendrá lugar ni el 25 ni el 27 de mayo.

En la primera jornada, prevista para el lunes 25, declararán nueve testigos, entre ellos las presuntas víctimas de las agresiones sexuales, además de cuatro agentes de la Policía Nacional.

La sesión del 27 de mayo continuará con las comparecencias testificales y policiales. Ese día está prevista la declaración de siete testigos y cuatro policías nacionales propuestos por la Fiscalía; dos agentes solicitados por la acusación particular número 2; y once policías nacionales junto a un testigo citados por la defensa del acusado.

El 28 de mayo quedará reservado para la práctica de la prueba pericial, con la comparecencia de médicos forenses y agentes de la Policía Nacional, tanto a instancia del Ministerio Fiscal como de las acusaciones y la defensa.