El deslinde de las casas de El Palo y Pedregalejo vuelve a estar sobre la mesa de debate político. El PP de Málaga pretende forzar en el Congreso a que el Gobierno desbloquee el deslinde con una Proposición  No de Ley que exige la desafectación del dominio público marítimo-terrestre de estos núcleos malagueños.

Así lo ha expuesto el diputado nacional por el PP de Málaga Mario Cortés, quien ha afeado al partido socialista que lleve siete años negando una solución al medio millar de viviendas de la capital.

Esta problemática ya estaba presente cuando Mariano Rajoy era el presidente del Gobierno, pero Cortés ha asegurado que Rajoy ya avanzó en el deslinde de las casas de Pedregalejo. «Sin embargo, la moción de censura de Sánchez y la denuncia socialista ante los tribunales frenó una ley que puso en marcha la formación popular», ha dicho.

Vecinos de El Palo abordan a María Jesús Montero en Málaga para pedirle regularizar sus casas: «Llevamos siete años esperando a Madrid»

A finales del pasado de marzo, vecinos de El Palo abordaron a María Jesús Montero en Málaga para pedirle la regularización de sus casas. El presidente de la Asociación Rebalaje, Manuel Benavides, se dirigió a la ministra de Hacienda para solicitarle una reunión en la que abordar la situación de unos 4.000 vecinos de El Palo, cuyas viviendas se encuentran en un limbo legal por estar ubicadas en dominio público marítimo-terrestre.

Una problemática enquistada

La problemática afecta a unas 570 viviendas del antiguo barrio pesquero, cuyos orígenes se remontan a generaciones atrás. Sin embargo, la actual Ley de Costas las considera construidas sobre terreno público, lo que impide su legalización. Esto impide trámites como solicitar permisos para una obra mayor a pesar de la necesidad imperiosa que tienen múltiples inmuebles por problemas estructurales. Los vecinos piden que se ejecute un nuevo deslinde y que la línea que separa el dominio marítimo del suelo urbano se sitúe más cerca del paseo marítimo, como se ha hecho en otros puntos del litoral.

Desde la Subdelegación del Gobierno en Málaga, se asegura que se trabaja en una solución. El pasado 5 de marzo, el subdelegado Javier Salas se reunió con representantes del colectivo para trasladarles el compromiso del Ejecutivo central de encontrar una salida que «no perjudique sus intereses». Salas atribuyó el origen del problema a una modificación legislativa impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013.

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