Un jurado popular tiene previsto juzgar desde este lunes a un joven al que la Fiscalía acusa de supuestamente acabar con la vida de su madre adoptiva para robarle y, después, al parecer, deshacerse del cuerpo al arrojarlo al interior de una arqueta. Se enfrenta a una petición de 21 años y medio de cárcel por parte de la acusación pública.

Los hechos sucedieron en mayo de 2022. Según el escrito inicial del fiscal, el acusado fue, en compañía de un menor de edad -ya condenado por estos mismos hechos en abril de 2023- al domicilio de su madre adoptiva y, supuestamente, forzó la cerradura de la puerta principal para acceder y esperar dentro la llegada de la mujer.

Cuando ella llegó, se inició una discusión, dice la acusación pública, en el transcurso de la que presuntamente el acusado, junto con el menor «y con la finalidad obtener un ilícito beneficio patrimonial, agredieron a la mujer» para que les facilitara el pin de la tarjeta de crédito y sacar dinero. Según el ministerio público, «le propinaron diversos puñetazos en la cabeza».

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Una vez que les dio el pin y les indicó dónde estaba el dinero, supuestamente el acusado, junto al menor, «ató a su madre de pies y manos con una cuerda y la amordazaron con un trapo y una cuerda». La mujer logró sacarse la cuerda de la boca, que quedó en su cuello, «momento en el que ambos procedieron a tirar con fuerza de la citada cuerda con la intención de acabar con su vida», según el fiscal.

Acusación pública

Para la acusación pública, los acusados aprovecharon «su estado de indefensión al encontrarse atada de pies y manos, sin que tuviera posibilidad alguna de defensa, llegando finalmente a fallecer». A continuación, ambos supuestamente «se apropiaron de 900 euros que la víctima había sacado aquella mañana del cajero y metieron su cuerpo en un congelador».

También, siempre según el relato del fiscal, limpiaron el inmueble y, «con la intención de profanar el cadáver, lo trasladaron al trastero de su domicilio y lo metieron en un baúl», para días más tarde «tirarlo en una arqueta», donde fue encontrado por los agentes en julio de 2022.

Para la Fiscalía, se trata de los delitos de asesinato, por el que pide inicialmente 17 años y medio de cárcel: de robo con violencia, por el que solicita cuatro años de prisión; y de un último delito de profanación de cadáveres, por el que insta que se le imponga cuatro meses más de prisión.

Según esta parte, el acusado padece una discapacidad mental leve, por lo que considera que se debe aplicar la circunstancia que agrava la pena de parentesco y la que la atenúa de alteración mental. Como indemnización pide que pague a los herederos de la mujer la cantidad de 120.000 euros como indemnización y 900 por el dinero supuestamente sustraído.