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Presuntamente emitían certificados falsos que acreditaban una situación tributaria positiva a personas físicas y jurídicas que realmente tenían deudas con la Hacienda Pública. Otorgaban certificados digitales sin comprobar la identidad del titular y a cambio recibían una compensación económica. Así habría trabajado la organización conformada por ocho funcionarios de la Agencia Tributaria en Málaga a los que la Fiscalía pide 164 años de prisión, según ha podido adelantar 101 Televisión.
Según fuentes de la investigación a las que ha podido acceder este medio, la Fiscalía también acusa a otras dos personas, pareja de dos de los funcionarios. Una de ellas por los delitos de pertenencia a organización criminal y revelación de secretos, y otra por delito de blanqueo de capitales. Por su parte, otros 16 individuos han sido acusados también por pertenencia a organización criminal, cohecho y otros delitos al comprobarse tratos con la trama de funcionarios, por lo que la suma de la petición de la Fiscalía asciende —teniendo en cuenta los ocho funcionarios— a 390 años de prisión para un total de 27 acusados.
A cambio de miles de euros, regalos o favores
El Juzgado de Instrucción número 1 de Málaga se hizo cargo del caso, que se hizo público en 2022, y ahora la Fiscalía solicita más de 370 años de prisión para los 26 acusados por la comisión de un total de nueve delitos diferentes. Según fuentes de la investigación, las alarmas en la Hacienda Pública saltaron en febrero de 2021, cuando comprobaron que un certificado expedido por la delegación de Málaga era falso, ya que reflejaba que una empresa estaba al corriente de sus obligaciones, aunque sabían que esto no era cierto.
Este hecho puso en sobre aviso a la Hacienda Pública. La Policía Nacional investigó junto a técnicos expertos de la Agencia Tributaria la falsedad denunciada y comprobaron que no era un hecho aislado. Desde el año 2015 hasta marzo de 2022 detectaron que se habían emitido numerosos certificados en los que se afirmaba que personas jurídicas y físicas deudoras estaban al corriente de sus obligaciones con Hacienda.
En marzo de 2022 se produjeron las primeras detenciones por parte de la Policía Nacional en las que se incautaron móviles, recibos de presentación de varias empresas, relojes y más de 50.000 euros en efectivo. Por su parte, en junio de ese mismo año, 16 personas también fueron detenidas por su posible implicación en la trama.
Las pesquisas apuntan a que uno de los funcionarios sería el nexo entre las sociedades y personas físicas y jurídicas con deudas en la Agencia Tributaria y los propios funcionarios de Hacienda en Málaga. Este encargaría a sus compañeros llevar a cabo ciertos procedimientos, a cambio de dinero —desde entre 10 y 20 euros hasta miles—, regalos o favores. Otro de los servicios que, según fuentes de la investigación, ofrecería esta red de funcionarios sería información sobre las devoluciones de IVA que se iban a efectuar por parte de la Agencia Tributaria a las empresas.
