En la histórica barriada pesquera de El Palo llevan más de cuatro décadas de lucha por regularizar la situación de sus casas. Aunque se trata de un asentamiento antiguo, ante los ojos de la Ley de Costas actual unas 4.000 personas de este distrito malagueño habitan actualmente en parte de la playa, o lo que es lo mismo, en dominio público marítimo.

Este pasado miércoles, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, se reunió con el presidente de la Asociación Rebalaje, Manuel Benavides, así como con miembros del colectivo afectado para abordar la problemática de estas 570 viviendas, que desde años se encuentran en un verdadero bloqueo administrativo.

En dicho encuentro, Salas transmitió a los representantes de los afectados el compromiso del Gobierno central, que está trabajando para dar una salida a los vecinos «que no resulte perjudicial para sus intereses» y que solucione un problema que, a su parecer, fue originado por la modificación legislativa del Gobierno de Rajoy en 2013.

Por su parte, este jueves el Partido Popular ha tomado cartas en el asunto a través del vicesecretario de Málaga Productiva y coordinador del Observatorio Económico y de Precios del PP malagueño, Carlos Conde: “Rajoy lo que hizo fue una ley que permitió avanzar en el caso de Pedregalejo, pero hubo una moción de censura y una denuncia ante los tribunales por parte del PSOE que frenó esta ley del PP para resolver la situación de las casas de El Palo”.

La posición de los populares es que el Gobierno central tiene la llave de la tranquilidad para los vecinos de El Palo, solo que existe una «falta de voluntad política» para ponerle solución y modificar la ley que permite regularizar la situación de estas casas.

Irresoluble para el Gobierno

La polémica situación de las viviendas de El Palo es una cuestión que viene de largo. Ya en 2021, el Ministerio de Transición Ecológica dejó caer que la solución a estos hogares es imposible, ya que no basta con realizar un deslinde y sacar a esas viviendas del dominio público, que actualmente discurre por la avenida Salvador Allende, al norte de las edificaciones (y que los vecinos quieren que se traslade al borde sur).

En aquella ocasión, Costas detalló que la modificación del dominio público requeriría de una tramitación de desafectación ordinario y, además, de una orden ministerial entre Transición Ecológica y Hacienda que es «imposible» con la actual legislación de Patrimonio.

Desde el Ministerio entienden que la situación de los núcleos afectados por la Disposición Adicional Séptima de la Ley 2/2013 de uso sostenible del litoral es, en este momento, jurídicamente irresoluble tras los pronunciamientos del Tribunal Constitucional en 2015 y 2016 sobre la modificación de la Ley de Costas. «Es necesaria una modificación o derogación de ese precepto para que se pueda alcanzar la desafectación de esos terrenos», defendieron el pasado octubre. En cualquier caso, el Gobierno ya ha aclarado que estas casas no son necesarias para el dominio público marítimo.

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