Alrededor de 200.000 alumnos de Primaria y Secundaria Obligatoria (ESO) en la provincia de Sevilla se verán beneficiados por la reducción del número máximo de estudiantes por aula, según ha aprobado el Consejo de Ministros en su última sesión. La medida forma parte de un anteproyecto de Ley que también regula de forma básica y homogénea la jornada lectiva del profesorado no universitario.
“El Gobierno de España ya hizo en 2019 una recomendación a las comunidades autónomas sobre las ratios, pero no todas la adoptaron, por eso ahora garantizamos que se reduzca el número máximo de alumnos por aula en las etapas obligatorias de formación”, afirmó Francisco Toscano, subdelegado del Gobierno en Sevilla.
El objetivo del anteproyecto es corregir desigualdades entre autonomías, mejorar las condiciones de trabajo del profesorado y permitir una atención más individualizada al alumnado.
Nuevas ratios y jornada lectiva
En Primaria, el número máximo de alumnos por aula se reducirá a 22, frente a los 25 actuales, mientras que en Secundaria Obligatoria (ESO) la ratio máxima será de 25 alumnos, en lugar de los 30 actuales. Además, el alumnado con necesidades educativas especiales (NEEs) que asista a centros sostenidos con fondos públicos se computará como dos plazas. Por su parte, la jornada lectiva del profesorado se fijará en 23 horas semanales en Infantil, Primaria y Educación Especial, y en 18 horas en el resto de enseñanzas. De manera excepcional, y por necesidades de organización, podrá alcanzarse un máximo de 20 horas, compensadas con dos horas complementarias por cada periodo lectivo adicional.
El calendario de aplicación establece que la nueva jornada lectiva y la consideración doble del alumnado NEEs entrarán en vigor en el curso 2026/2027. Las nuevas ratios comenzarán a implantarse progresivamente, primero en Infantil y Primaria en el curso 2027/2028, luego en Secundaria en 2028/2029 y finalmente en Bachillerato en 2029/2030, alcanzando su plena aplicación en el curso 2031/2032.
Tramitación de la Ley
El anteproyecto continuará su tramitación hasta convertirse en proyecto de Ley y ser remitido a las Cortes Generales. Durante este proceso, se negociará con sindicatos y comunidades autónomas para su aprobación definitiva.
El Ministerio de Educación trabaja junto al INE para desarrollar un índice de vulnerabilidad socioeconómica, que permitirá identificar los centros con mayor complejidad por tipo de alumnado o ubicación. Esta herramienta utilizará variables como el contexto socioeconómico familiar para calcular el grado de vulnerabilidad de cada estudiante.
Se prevé que en un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la Ley se desarrollen recursos específicos para los centros identificados y que se establezcan, mediante normativa, las ratios de enseñanzas no obligatorias y criterios de reducción adicional donde sea necesario.
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