María Jesús Montero, candidata del PSOE a presidir la Junta de Andalucía en las elecciones del 17 de mayo, comparece este lunes 20 de abril en el Senado ante la comisión de investigación sobre la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el holding público que gestiona la participación del Estado en empresas estratégicas y que durante la pandemia repartió más de 2.600 millones en rescates a empresas privadas. Casi 1.000 millones de esos fondos están hoy bajo investigación judicial.
¿Qué se investiga?
La comisión, impulsada por el PP gracias a su mayoría en el Senado, investiga tres asuntos. El primero, el rescate de 53 millones a la aerolínea Plus Ultra, que los populares vinculan a posibles favores al régimen venezolano de Nicolás Maduro.
El segundo, el rescate de 475 millones a Air Europa, relacionado por el PP con el entorno de la esposa de Pedro Sánchez, algo que el Gobierno niega.
El tercero, una trama de contratos irregulares: en diciembre de 2025, la UCO detuvo al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, junto a la exmilitante socialista Leire Díez y un empresario. La Audiencia Nacional investiga si ambos adjudicaron contratos públicos a cambio de comisiones ilegales.
¿Qué tiene que ver con Montero?
El PP cita a Montero por haber sido la ministra de Hacienda responsable de la SEPI. Además, Fernández, el expresidente del organismo ahora investigado, fue cargo de confianza de Montero tanto en el Gobierno central como en su etapa anterior en la Junta de Andalucía.
Los socialistas denunciaron ante la Junta Electoral Central que la citación se producía «inmediatamente» antes del inicio de la campaña andaluza
Los socialistas denunciaron ante la Junta Electoral Central que la citación se producía «inmediatamente» antes del inicio de la campaña andaluza «sin que concurra justificación institucional, urgencia o necesidad objetiva» y acusaron al PP de lanzar «imputaciones directas de conductas ilícitas de extrema gravedad carentes de respaldo judicial» con fines electorales. La propia Montero tachó la citación de «electoralista» y acusó al PP de usar las instituciones «para su interés propio».
Se archivó la denuncia al considerar que «no le corresponde suspender la convocatoria de una comisión de investigación, ni entrar a valorar la oportunidad de su celebración», aunque hizo un llamamiento al ejercicio responsable de las funciones parlamentarias en periodo electoral. El PP defiende que el plan de trabajo de la comisión se presentó el 27 de febrero, tres semanas antes de que se convocaran las elecciones andaluzas.
Será la segunda vez que Montero comparece ante una comisión de investigación del Senado. La primera fue en la denominada ‘comisión Koldo’, cuando aún era vicepresidenta y ministra de Hacienda.
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