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La ministra de Hacienda y vicepresidenta primera María Jesús Montero ha comunicado a las comunidades autónomas que en un plazo de dos meses presentará una propuesta para reformar el sistema de financiación autonómica. El anuncio se produjo durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), un encuentro que dejó un notable malestar entre los consejeros de las autonomías gobernadas por el PP.
Un compromiso para comienzos de año
Los consejeros populares señalaron que el Ejecutivo se ha comprometido a presentar una propuesta articulada a comienzos del próximo ejercicio. Esa futura reforma, según explicaron, mencionará conceptos como la «bilateralidad» y la «multilateralidad» entre territorios, así como determinadas «singularidades» y elementos de «generalidad» del sistema. Sin embargo, insistieron en que, por ahora, todo queda en formulaciones vagas.
Tras cuatro horas de reunión, los responsables autonómicos del PP lamentaron que el debate sobre financiación quedara relegado al final y que Hacienda no tomara en consideración sus aportaciones para el diseño del nuevo modelo.
Críticas por la «falta de concreción»
El consejero de Economía, Hacienda y Empresa de la Región de Murcia, Luis Alberto Marín, calificó la propuesta de «cuento de la lechera», al considerar que Hacienda no detalló los criterios sobre los que se articulará el nuevo modelo. «Lo que no se ha hecho en ocho años, nos dicen que se va a hacer en dos meses», reprochó a la salida del encuentro.
En una línea similar se expresó la consejera de Economía de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, que acusó a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de intentar «hacer un círculo de un cuadrado». Según Albert, el mensaje del Gobierno vuelve a quedar en el aire por falta de definiciones claras. También atribuyó esa indefinición a la doble condición de Montero como responsable de Hacienda y candidata a las elecciones andaluzas de 2026.
La senda de estabilidad, en el centro del encuentro
El objetivo principal del CPFF era validar la nueva senda de estabilidad presupuestaria que el Gobierno prevé aprobar este martes en el Consejo de Ministros. Hacienda ha decidido mantener el margen de gasto para las comunidades autónomas ya propuesto el año pasado, pese a que entonces no obtuvo el respaldo del Congreso.
El plan permitirá a las autonomías incurrir en un déficit del 0,1% del PIB durante los próximos tres ejercicios, lo que equivale a unos 5.500 millones de euros de capacidad de gasto adicional. No obstante, las comunidades gobernadas por el PP criticaron que el Ejecutivo central se reserve la mayor parte del objetivo de déficit —un 2,1% en 2026— y deje a las regiones un margen de unos 1.700 millones, pese a que gestionan aproximadamente el 35% del gasto público.
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