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Multa de 15.000 euros a una taberna de Córdoba por la intoxicación masiva de 40 clientes con montaditos de pringá

La Junta de Andalucía ha impuesto una sanción definitiva de 15.000 euros a una conocida taberna del casco histórico de Córdoba por la intoxicación alimentaria que afectó a más de 40 personas en enero de 2025 tras consumir montaditos de pringá.

La resolución, fechada el 1 de octubre, pone punto final al expediente administrativo después de que la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias desestimara el recurso presentado por el establecimiento. El local tenía hasta el pasado martes 2 de diciembre para acudir a la vía judicial contencioso-administrativa, pero no lo ha hecho hasta el momento.

El brote se detectó el 4 de enero de 2025, cuando decenas de clientes comenzaron a sufrir vómitos, diarrea y fiebre pocas horas después de comer en la taberna. Las autoridades sanitarias actuaron de inmediato y localizaron el origen en los montaditos de pringá.

Los inspectores de Salud Pública realizaron varias visitas y, en un informe emitido en febrero, ya calificaron las irregularidades como “graves”. Según el documento, las deficiencias no fueron un fallo aislado, sino que afectaban a todo el proceso de elaboración del plato ese día y se enmarcaban en un “contexto de tensión por las condiciones higiénicas y de manipulación” generales del local.

En abril de 2025, la entonces Consejería de Salud y Consumo formalizó el expediente sancionador tras completar y ampliar toda la documentación técnica.

La Fiscalía de Córdoba archiva el caso de la intoxicación con la pringá al expedientar la Junta

Uno de los afectados por la intoxicación falleció días después, aunque las autoridades siempre dejaron claro que no se pudo establecer una relación directa de causalidad entre el consumo del montadito y el fallecimiento.

Con esta sanción ya firme, la Junta considera acreditada la responsabilidad del establecimiento en las graves deficiencias que provocaron el brote. La taberna deberá abonar los 15.000 euros y, de no hacerlo voluntariamente, la administración iniciará la vía de apremio para el cobro forzoso.

El caso ha reabierto el debate sobre los controles higiénicos en la hostelería cordobesa, especialmente en locales muy concurridos del centro histórico donde la presión asistencial es alta durante todo el año.

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