La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, ha informado que el Gobierno andaluz, presidido por Juanma Moreno, «ha conseguido recuperar desde 2019 un total de 288 inmuebles públicos okupados de forma ilegal en la provincia, 157 de ellas en Málaga capital, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)».
Navarro ha explicado que estas actuaciones forman parte del compromiso de la Junta de Andalucía «para luchar contra la okupación ilegal, la inquiocupación y el uso fraudulento de las viviendas públicas para llevar a cabo actividades ilegales», un fenómeno que, según ha recordado, «fue consecuencia del abandono y la falta de control de los anteriores gobiernos socialistas sobre el parque público residencial».
«Nuestro objetivo ha sido y sigue siendo recuperar cada inmueble ocupado para devolverle la función social que nunca debería haber perdido», ha señalado la delegada, al tiempo que ha preciado «que sólo en lo que va de año ya se han recuperado 50 viviendas en la provincias, de las cuales 31 ya han sido adjudicadas a familias vulnerables inscritas en los registros municipales de demandantes de viviendas». El resto, se encuentran en proceso de rehabilitación, depuración jurídica o disponibles para nuevas adjudicaciones.
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La delegada del Gobierno andaluz, acompañada por la delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, María Rosa Morales; y el director provincial de AVRA, Juan Jesús Bernal, ha visitado las viviendas públicas que han sido recuperadas y que fueron adjudicadas a la Congregación de las Hermanas Filipenses para reforzar su programa de atención y acogida para mujeres sin recursos y con hijos a su cargo.
«En el caso de estas viviendas, desde 2021 hemos conseguido recuperar 18 inmuebles que han sido puestas a disposición de familias que lo necesitaban tras un proceso de rehabilitación muy importante que ha supuesto una inversión de 500.000 euros», ha explicado.
Ha recordado que «hace tan sólo tres años estas viviendas estaban ocupadas ilegalmente y hoy vuelven a ser el hogar de dos familias que inician aquí una nueva vida» y ha añadido que actualmente AVRA gestiona un parque de vivienda pública en la provincia de 7.300 inmuebles.
Sistema andaluz
En este sentido, la delegada del Gobierno ha recordado que la Junta de Andalucía ha reforzado en los últimos años los mecanismos de control y protección del patrimonio residencial, con medidas como la creación del Sistema Andaluz de Lucha contra la Ocupación Ilegal.
«Gracias a este nuevo modelo, se excluye del sistema para acceder a una vivienda protegida a aquellas personas que han sido condenadas por ocupación ilegal», ha detallado.
De igual modo, ha continuado, se ha establecido un protocolo de verificación pionero, en colaboración con los ayuntamientos, para proteger el patrimonio residencial de Andalucía y garantizar el fin social al que se destinan estos inmuebles. Un contrato que ha sido adjudicado este año por un importe de 7,5 millones de euros que permitirá reforzar durante los próximos dos años las labores de inspección de AVRA.
«Por medio de este protocolo de verificación podremos supervisar de manera periódica más de 25.600 viviendas en las ocho provincias, tanto para detectar ocupaciones ilegales como para atender las necesidades que puedan tener algunas familias, como modificaciones temporales de la renta o permuta de viviendas», ha explicado Navarro.
Así, la delegada ha puesto sobre la mesa todos los mecanismos que desde el Gobierno de Juanma Moreno se están poniendo en marcha, en el marco de las competencias autonómicas, para garantizar la legalidad. En esta línea, ha recordado la Ley de Vivienda andaluz aprobada en Consejo de Gobierno el pasado 10 de septiembre «fruto del diálogo y el consenso que busca ofrecer soluciones reales a los problemas reales de la población ante la falta de vivienda».
«Una ley que no es ni ideológica ni intervencionista donde se pone el acento en la creación de una bolsa de suelo que permita impulsar la vivienda protegida y asequible», ha dicho.
En este sentido, con el decreto ley aprobado en febrero se medidas urgentes se prevé la construcción de 40.000 VPO en cinco años y además, los municipios de más de 100.000 habitantes que se adhieren a dicho decreto han puesto a disposición todo el suelo urbanizado para este fin.
En la provincia de Málaga el Gobierno andaluz ha identificado suelo para la construcción de 8.500 viviendas protegidas entre Málaga capital y Marbella.
Otra de las iniciativas puestas en marcha por la Junta de Andalucía ha sido el reciente anuncio para urbanizar la zona de Lagar de Oliveros, que facilitará suelo residencial para más de 2.800 viviendas en colaboración con la empresa privada; 962 de ellas en suelos del Gobierno andaluz. Así como las ayudas que se han destinado a las promociones en el sector de la Universidad, «todo un nuevo barrio de alquiler a precio asequible con más de mil viviendas protegidas», ha concluido Navarro.
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