Este domingo, las calles del centro de Granada fueron escenario de una nueva manifestación en contra de la Zona de Bajas Emisiones. Más de un millar de personas, principalmente procedentes de los municipios cercanos a la capital, se dieron cita para mostrar su rechazo a esta medida, que consideran perjudicial tanto para los habitantes como para los comerciantes locales.
La marcha, que partió de los Jardines del Triunfo y finalizó en la Plaza del Carmen, es la segunda que se celebra desde la entrada en vigor de la ZBE, tras la manifestación que ya se celebró el pasado 23 de octubre.
Los manifestantes, convocados a través de redes sociales, volvieron a exigir la eliminación de la ZBE, denunciando su impacto negativo en la movilidad y la economía de la ciudad. Además, pidieron la dimisión de la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y la concejal de Movilidad, Ana Agudo, a quienes responsabilizan de la implantación de esta medida que afecta a la libre circulación y genera discriminación según el tipo de vehículo y el nivel de renta de los ciudadanos.
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Rechazo generalizado a la ZBE
A lo largo de la marcha, los manifestantes alzaron pancartas con lemas como «No a esta ZBE, no es ecología, es destruir la economía» y «Granada en pie contra la ZBE», mostrando su desacuerdo con lo que consideran una medida desproporcionada que afecta injustamente a los ciudadanos y comerciantes de la capital y sus alrededores.
Desde la organización, se reiteró que la ZBE no está cumpliendo su objetivo de reducir la contaminación de manera efectiva. En lugar de enfocarse en áreas específicas de la ciudad, la medida abarca todo el término municipal, lo que, según los manifestantes, ha llevado a un perjuicio económico considerable, ya que muchos negocios de la capital han perdido clientes procedentes de los pueblos cercanos.
«Esta ZBE está perjudicando a los pequeños comercios de la ciudad, ya que los clientes de los pueblos han dejado de comprar en Granada. Esto está afectando gravemente a la economía local», señalaron desde el colectivo Damnificados por la Zona de Bajas Emisiones.
Comparaciones con otras ciudades
Los organizadores también señalaron que la actual ZBE de Granada es demasiado restrictiva en comparación con otras ciudades españolas, como Ávila, Vigo o Sevilla, que han implementado medidas más flexibles en cuanto a la delimitación de las zonas afectadas. «La ZBE de Granada se ha establecido en una pequeña área de la ciudad. En otros lugares, como en Ávila, han adaptado la norma a sus características locales sin perjudicar a los habitantes ni a los comercios», subrayaron, añadiendo que la ciudad podría cumplir con la normativa medioambiental sin necesidad de afectar a toda la población.
Uno de los puntos clave de la protesta fue la percepción de que la ZBE está dirigida únicamente a un sector de la población, a aquellos que no pueden permitirse un coche con etiqueta ecológica. «La medida discrimina a quienes no tienen la capacidad económica de comprarse un vehículo nuevo con etiqueta ambiental», explicaron, insistiendo en que la ZBE afecta desproporcionadamente a los ciudadanos con menos recursos.
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En un tono más crítico, los manifestantes también expresaron su frustración con la burocracia que, según ellos, ha acompañado la implementación de la ZBE. «Se ha creado un intolerable infierno burocrático. Los ciudadanos tienen que rellenar formularios y esperar autorizaciones para poder circular, lo que hace que el proceso sea aún más complicado y frustrante», comentaron.
Llamamiento a la acción colectiva
A lo largo de la marcha, los organizadores instaron a todos los afectados por la ZBE en la provincia de Granada a unirse en una causa común. «Este es el momento de levantarnos todos juntos, como Fuenteovejuna, y defender nuestros derechos constitucionales. No podemos seguir permitiendo que se impongan medidas que nos perjudican sin justificación», expresaron en un mensaje de unidad.
Además, lanzaron un claro mensaje al Ayuntamiento de Granada: «Replanteen la ZBE y limítenla a zonas específicas del centro de la ciudad, donde realmente tenga sentido. La forma en que se ha implementado está afectando de forma injusta a miles de personas, y eso debe cambiar», concluyeron.
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