El futuro de la antigua Residencia de Tiempo Libre de Marbella sigue en trámite. El convenio urbanístico formalizado por el Ayuntamiento marbellí y la Junta de Andalucía permitirá transformar este emblemático espacio de uso recreativo para trabajadores y otros colectivos en un complejo hotelero, con un aumento de edificabilidad de hasta 30.000 metros cuadrados. Esta residencia, que lleva dos años cerrada desde que el Gobierno andaluz decidió clausurar las seis ‘villas’ turísticas para colectivos como los funcionarios, vive esperando una nueva vida. La iniciativa, impulsada por el Gobierno andaluz, ha reavivado el debate político en la ciudad, con la oposición denominando esta decisión como una «privatización encubierta», algo que desmienten por completo desde las filas del PP.
La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha recalcado este jueves que la Residencia de Tiempo Libre de Marbella no será privatizada. Navarro destacó que la Junta de Andalucía mantiene la titularidad pública del inmueble: «No estamos hablando de ningún proceso de privatización», afirmó, subrayando que «el objetivo es dar un uso más eficiente a un espacio infrautilizado».
«Si hay algo que la Junta de Andalucía ha tenido muy claro en todo este proceso de reflexión y revisión del uso que había que darle a este inmueble infrautilizado es que no iba a perder la titularidad. En el momento que no pierde la titularidad pública, no estamos hablando de ningún privatización», ha destacado Navarro durante una visita al Albergue de Inturjoven en Marbella.
Debate en el Parlamento andaluz
Si hace unos días era Por Andalucía quien criticaba esta supuesta privatización, este jueves ha sido el parlamentario socialista y a la sazón secretario general del PSOE en Málaga, Josele Aguilar, quien ha acusado a la Junta de Juanma Moreno de «pelotazo urbanístico». Una intervención que ha sido respondida por la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, quien ha asegurado que su departamento «no tiene ningún tipo de constancia ni ningún expediente de recalificación del suelo público de la antigua Residencia de Tiempo Libre de Marbella» y que «no se ha realizado ni se prevé realizar ninguna modificación o cancelación de la inscripción del bien en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía».
Díaz ha especificado que no corresponde a su Consejería este asunto, aunque ha incidido en que el departamento que dirige «no tiene ningún tipo de constancia ni ningún expediente de recalificación del suelo público de la antigua Residencia de Tiempo Libre de Marbella», apuntando que «la competencia en materia de urbanismo le compete al Ayuntamiento».
Se ha referido al convenio suscrito en febrero de 2024 entre el Ayuntamiento de Marbella y la Consejería de Economía y Hacienda y ha dicho que «tiene por objeto la colaboración entre las partes, con la finalidad de garantizar la correcta ordenación de la parcela, asegurar la ejecución urbanística de la misma y el respeto por el interés general y los principios de sostenibilidad y cohesión territorial».
Ha apuntado que el Consejo de Gobierno del día 21 de noviembre de 2023 «instó el inicio de los trámites para la supresión del servicio de residencia de tiempo libre de la Junta de Andalucía», pero ha mandado un mensaje para «tranquilizar» en cuanto a que «no se ha realizado ni se va ni se prevé realizar ninguna
Un referente social en la Costa del Sol
La residencia, inaugurada en el franquismo se conoció durante muchos años como la Ciudad Sindical. Abierta en 1962 y ubicada en un entorno privilegiado como Las Chapas, ha sido un referente social en la Costa del Sol, ofreciendo estancias a precios asequibles a trabajadores, especialmente a funcionarios, y colectivos vulnerables. Sin embargo, en 2023, la Junta de Andalucía decidió cerrar las seis residencias de este tipo en Andalucía debido a su déficit económico y al cambio de modelo turístico, reubicando a los 321 trabajadores en otros puestos.
El Ayuntamiento de Marbella y la Junta han suscrito un convenio que permite cambiar la calificación del suelo de uso social a uso hotelero, aumentando la edificabilidad en 30.000 metros cuadrados. Este acuerdo ha generado controversia, con la oposición local criticando lo que consideran una privatización encubierta del patrimonio público.
El PSOE habla de «recalificación»
Por una parte, la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Isabel Pérez, denuncia que esta medida responde a intereses mercantiles y propone que el espacio se destine a viviendas de alquiler asequible. Por otra, la Junta defiende que la concesión demanial a 75 años, con un canon anual de entre 3,5 y 4 millones de euros, es «una forma de poner en valor el patrimonio público y generar empleo». La consejera de Economía, Carolina España, calificó la residencia de Marbella como “una de las joyas de la provincia” y destacó que la gestión privada permitirá una mejor utilización de los recursos.
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