Los vecinos de Churriana siguen luchando para conseguir el cierre del Centro de Internamiento de Menores (CIMI) abierto en la Avenida de la Asunción. Tras meses de protestas y advertencias, denuncian que la instalación funciona “sin las mínimas condiciones de seguridad y habitabilidad” y han llevado el caso a los tribunales con dos recursos contencioso-administrativos: uno contra la adjudicación del contrato por parte de la Junta y otro contra las licencias de obra otorgadas por el Ayuntamiento de Málaga.
El malestar vecinal se ha intensificado tras episodios como el que un vecino se encontró cuando iba a tirar la basura: un interno gritaba desde el interior del recinto “¡esta noche la vamos a liar!”. Para los lugareños, se trata de un nuevo ejemplo de que el centro se abrió en «un lugar inadecuado y sin las garantías necesarias, tanto para los menores como para quienes conviven en el entorno». Además, aseguran que «no es un caso aislado», si no lo que viven continuamente los vecinos más cercanos al centro.
Los vecinos de Churriana luchan contra la apertura del Centro de Menores
La versión de La Junta
En relación con los ruidos nocturnos, la Junta de Andalucía sostiene que en todos los barrios “puede hacer ruido cualquier vecino”. Sobre el vídeo grabado el pasado 15 de agosto, en el que se escucha a un joven gritar desde el interior del CIMI, explican que el interno se encuentra bajo tratamiento terapéutico y que aquel día “no estaba tranquilo”.
Subrayan además que, durante las noches, los menores permanecen en sus habitaciones, por lo que el ruido debía proceder de una de ellas y no del exterior. Desde la Administración insisten en que se trata de un episodio puntual y recuerdan que un caso aislado no debe tomarse como norma general. Además, insisten en que el CIMI cumple con todos los requisitos y licencias legales.
«Ni valla perimetral, ni condiciones de habitabilidad»
Sin embargo, entre las principales críticas, los residentes destacan la falta de una pista polideportiva de 900 metros cuadrados —requisito obligatorio para el inmueble—, así como la ausencia de una valla perimetral, «algo exigido por la normativa y por el sentido común».
Lo cierto es que la movilización vecinal comenzó hace ya meses, antes de la apertura del centro. A principios de junio, un grupo de vecinos de Churriana se concentró a las puertas de la Tabacalera y el Museo Ruso, donde el PP celebraba una convención, y lograron que el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se comprometiera a mantener una reunión con ellos.
La reunión con el alcalde
Según relataron los residentes, «la reunión fue algo tensa cuando comenzó», ya que el regidor llegó antes de lo previsto y se entrevistó primero con representantes de la empresa adjudicataria. «Nos sentimos engañados, porque venía a verlos a ellos más que a nosotros», lamentaron.
Los vecinos de Churriana, tras la reunión con el alcalde por el CIMI: «Al principio fue algo tensa»
Posteriormente, el alcalde accedió a escuchar a los vecinos durante hora y media. «Lo metimos en la casa de un vecino que vive en frente para que viese lo expuestas que están las casas. Le hemos vuelto a dar un dossier con toda la información y nos dijo que lo miraría con atención», explican. Sin embargo, reconocen que desconfían de su compromiso: «Él nos dijo que haría un seguimiento, pero no nos lo creemos».
Durante la concentración, la delegada territorial de Justicia de la Junta en Málaga, Teresa Pardo, también atendió a los manifestantes, recordando que en la ciudad hay actualmente 122 menores internos y que Málaga «es la única provincia que no tiene un centro de estas características».
«Gestión bajo presión vecinal»
Los residentes critican que algunas deficiencias solo se han corregido tras denuncias judiciales, como ocurrió con las campanas extractoras de humo. «La administración y la empresa actúan únicamente bajo presión vecinal, no por compromiso con la normativa», insisten.
También cuestionan la transparencia del proceso. «nos enteramos por la prensa, no hubo información previa ni consulta pública. Se han utilizado declaraciones responsables en lugar de licencias de obra, lo que es un fraude de ley», denuncian.
La comunidad de El Olivar están a la espera de una resolución, tras los dos recursos contencioso-administrativos que han llevado a los tribunales, tanto contra la adjudicación del contrato por parte de la Junta de Andalucía, como contra las licencias de obra otorgadas por el Ayuntamiento de Málaga.
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