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Once familias serán desahuciadas de su bloque de viviendas VPO en Palmete a pesar de tener contratos en vigor

Once familias, con nueve menores, que viven en un bloque de VPO en el numero 54 de la calle Verdad, en Palmete, desde hace más de diez años serán desahuciadas de sus viviendas el 5 de diciembre si no se detiene el lanzamiento ordenado para ese día por el Juzgado Número 8 de Sevilla.

Tras un pleito de varios años, en el que no están incluido los inquilinos y sí el promotor de las viviendas, el juez ha concluido que el edificio donde viven estas familias pase a manos de la inmobiliaria Altamira, operada por el Banco Santander. Pese a que los vecinos tienen contratos en vigor, con alquiler y opción a compra, y no tienen deudas, el banco ha solicitado el desalojo inmediato.

Silenciados

Según informan desde la plataforma Barrios Hartos, durante el pleito no se han escuchado a las familias, ni se han tenido en cuenta los informes de Servicios Sociales que detallan su situación regular y su compromiso continuo de pago. Tampoco se han valorado los menores que crecen en este bloque, mantenido y cuidado por los propios inquilinos.

Las familias nunca han dejado de pagarmensualmente su alquiler, primero a la cuenta que le había sido indicada y después a una del Santander, hasta que el nuevo propietario del inmueble cerró las cuentas. Aun así, los inquilinos han seguido abonando sus suministros y el mantenimiento del bloque a la espera de la resolución del conflicto. Los inquilinos están dispuestos a pagar lo que dicen sus contratos de alquiler que no han sido revocados por nadie.

«Las administraciones (Ayuntamiento, Emvisesa y Defensor del Pueblo) han calificado a estas once familias como “daños colaterales”, instándolas a renunciar a sus derechos y a su vida en el barrio. Mientras, el Santander pretende quedarse con el inmueble para especular, ignorando que hay vecinos dispuestos a pagar un alquiler justo de acuerdo a las condiciones sociales propias de un barrio castigado por la precariedad y el paro que genera el propio sistema», recoge el comunicado de Barrios Hartos.

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