Son seis los detenidos en Málaga por pertenecer a una vasta red societaria del sector de los combustibles que estaba detrás de un fraude que asciende a los 12 millones de euros. La operación consistía en comercializar al por mayor gasóleo tipo A y no liquidar el IVA, por lo tanto, defraudaron grandes cantidades de dinero en los ejercicios de 2022 y 2023.
La operación ‘Capibara’, formada por la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, ha sido la que ha destapado este entramado. El líder estaba afincado en Málaga y era el administrador de las empresas involucradas, que también contaba con diversos colaboradores como financiadores y testaferros. Además, la compleja red societaria tenía un domicilio social en Málaga en donde se beneficiaban de los resquicios normativos del sector de hidrocarburos.
Hay diez detenidos en total, seis en Málaga y el resto pertenecían a Almería, Córdoba, Vizcaya y Asturias. Son acusados por su presunta implicación en delitos contra la Hacienda Pública y pertenencia a organización criminal.
La investigación comenzó a principios de año, estaban detrás de ella los Agentes del Grupo I de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría Provincial de
Málaga, con colaboración de la Agencia Tributaria. Se centraron en recopilar información de carácter fiscal, financiero y policial.
El día 8 de julio fue cuando se procedió al registro, este se practicó en Málaga, Almería, Córdoba, Asturias y Vizcaya de forma coordinada. Intervinieron un total de 193.200 euros en efectivo y son diez los detenidos. También entre los efectos intervenidos se le atribuyen numerosos inmuebles con un valor de mercado que supera los 10 millones de euros.
El esquema del fraude
El modus operandi empleado por la organización criminal era el mismo siempre. Se beneficiaban de ciertos resquicios normativos que regulaban la comercialización de combustibles. Los implicados operaban mediante la venta al por mayor y usaban sociedades de corta vida solo para para adquirir legalmente carburantes en un depósito fiscal, es decir, en mayoristas de hidrocarburos, ya que en estas adquisiciones no se soportaba el impuesto.
Más tarde se centraban en vender a minoristas el producto, como estaciones de servicio. Sin embargo, no ingresaban a la Hacienda Pública las cuotas que habían repercutido y cobrado a las gasolineras, ya que solicitaban un aplazamiento de pago. El objetivo era no ingresar la cantidad adeudada en Hacienda, y tampoco tenían los requisitos legales para la solicitar un aplazamiento de pago.
Para evitar ser descubiertos por las autoridades, los responsables cambiaban las sociedades con las que operaban y se servían para seguir con la estafa. Al final se detectó como formaban parte de esta organización nueve empresas controladas por una mismo líder, que nombraba a personas interpuestas como administradores de las mismas.
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