La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha señalado este miércoles que desde la Junta se «entienden» las quejas vecinales de los propietarios de El Olivar, en Churriana, por el nuevo Centro de Internamiento de Menores Infractores (CIMI) de Málaga. «Tratamos de tener una escucha activa en esta permanente vía andaluz y entendemos que cuando hay que tomar decisiones, hay gente que no las entiende y que no parece que les beneficie y que, incluso, en algún caso se les perjudique. En este caso hemos tratado de ser muy didácticos», ha resaltado la delegada sobre la «incertidumbre» vecinal.
Vecinos de El Olivar denuncian nuevas irregularidades en el CIMI de Churriana
«Tengo que recordar que hace no mucho tiempo, en esas mismas instalaciones, una oenegé albergó a inmigrantes», ha resaltado Navarro, para la que «las personas están por encima de todo, independientemente de la edad, de su origen o de su raza o de su sexo tienen derecho a una segunda oportunidad». Si bien, ha puntualizado que estos jóvenes infractores tienen un régimen en el que se les priva de libertad por una sentencia judicial y no pueden salir del centro, por lo que es consciente de que las instalaciones tienen que estar en las mejores condiciones posibles y cumplir unos requisitos.
«Todo el mundo merece una segunda oportunidad»
Así, la responsable de la Junta en la provincia ha subrayado que cumplir con los requisitos técnicos es lo que «se está procurando» tanto desde la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Justicia como desde la empresa adjudicataria (Meridianos) además de contar con el «control y la fiscalización» del Ayuntamiento de Málaga que es quien otorga la licencias urbanísticas y de actividad. «Nosotros vamos a seguir hablando con los vecinos, vamos a intentar por todos los medios que se den cuenta y puedan ser testigos de que no entraña ningún riesgo el tener este equipamiento público allí», ha destacado.
En este sentido, ha indicado, incluso, que «nos gustaría que conocieran algunas familias de los niños que están allí, porque a lo mejor ciertos prejuicios se pueden disipar poniéndolo cara a los problemas. Muchas veces son familias absolutamente normalizadas que por un error de adolescencia de no saber discernir entre el bien y el mal se ven allí». Por último, ha afirmado que «por supuesto, entendemos a todos los vecinos que ahora mismo se están quejando, pero pedimos también comprensión, no hacia de la Junta de Andalucía que es quien tiene que tomar una decisión, que a veces es duro, sino comprensión con las familias de todos estos niños y solidaridad porque todo el mundo merece una segunda oportunidad».