El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha hablado este jueves sobre la investigación judicial del exconcejal socialista Rafael Pineda. Este, ha querido dejar claro que lo que se investiga son hechos que «se refieren a una administración ajena absolutamente a la Delegación del Gobierno», ya que tienen que ver con el Ayuntamiento de Sevilla.
El jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Andalucía, Rafael Pineda fue detenido esta semana en relación a una supuesta trama urbanística de la empresa municipal de vivienda de Sevilla, Emvisesa, y este pasado miércoles quedó en libertad con cargos, sin medidas cautelares, tras pasar a disposición judicial y acogerse a su derecho a no declarar.
Preguntado por este asunto, el delegado del Gobierno ha subrayado que quien le conoce sabe que nunca entra «en valoraciones sobre investigaciones judiciales», precisamente «por esa razón», la de que son asuntos «objeto de investigación judicial» que, por tanto, están «sub iudice», y desde la premisa de que «hay que respetar y que la Justicia haga su trabajo, como siempre lo hace, respetando al máximo los procedimientos judiciales».
En todo caso, Pedro Fernández ha querido «añadir que los hechos que se investigan por parte de la autoridad judicial se refieren a una administración ajena absolutamente a la Delegación del Gobierno» en Andalucía, de forma que «estamos hablando en este caso concreto del Ayuntamiento de Sevilla».
Por ello, y además de trasladar su «máximo respeto a la acción de la Justicia», Pedro Fernández ha abogado en este caso por «poner claramente el foco» en que «lo que se está investigando son hechos supuestamente cometidos en una administración pública distinta a la Delegación del Gobierno».
Supuesta vinculación con la trama
En concreto, el caso en cuestión por el que se investiga a Rafael Pineda está relacionado con la venta de una parcela en Higuerón Norte, en Pino Montano, y junto a Pineda fueron arrestadas otras cuatro personas, en una operación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, llevada a cabo el pasado martes, entre las que se halla un empleado de la empresa municipal de la vivienda de Sevilla, todos ellos por su supuesta vinculación con la trama.
Se trata de un caso que vio la luz tras una denuncia por el proceso de enajenación de una parcela mediante subasta pública, comprada por 1,8 millones de euros y vendida a los pocos meses por casi cuatro millones. De la investigación se ocupa el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, que, en funciones de guardia de detenidos, acordó también el miércoles la puesta en libertad provisional de las otras cuatro personas detenidas en relación con las presuntas irregularidades detectadas en una operación urbanística.
Como medidas cautelares civiles, de cara a asegurar las posibles responsabilidades civiles a las que tuvieran que hacer frente en un futuro, la jueza ha acordado la anotación preventiva en el Registro de la Propiedad de la prohibición de disponer de los bienes inmuebles y bienes muebles tanto de los cinco investigados como de las sociedades de las que son administradores, así como el bloqueo y embargo de los saldos de las cuentas bancarias tanto de las personas físicas investigadas como de las personas jurídicas, según informaron desde la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Inicialmente, los detenidos están siendo investigados por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, uso de información privilegiada y corrupción entre particulares. Durante sus respectivas comparecencias en sede judicial, los cinco detenidos se acogieron a su derecho constitucional a no declarar.
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