Un nuevo incidente entre la Policía Local y vendedores ambulantes ha encendido las redes sociales en Marbella. Esta vez, el foco está en un vídeo grabado por un testigo, en el que se ve a un agente propinando varios bofetones a un bañista. Según los implicados, este ciudadano increpó al funcionario tras presenciar una actuación policial «violenta» contra los manteros el pasado sábado 19 de julio, en la playa del Faro. La escena terminó con dos personas detenidas y muchas preguntas sobre cómo se está gestionando el problema del top manta en la ciudad.
Por su parte, la alcaldesa de Marbella Ángeles Muñoz ha lamentado «profundamente» el incidente: «Estoy absolutamente convencida de que por parte de nuestra policía siempre se actúa en favor y para la defensa de la legalidad. En algunas ocasiones, por desgracia, hay algunas personas que entienden que luchar contra la venta ambulante no es una labor policial», ha expresado este miércoles a los medios de comunicación. Asimismo, ha aclarado que en este caso «hubo una agresión previa a los agentes».
Detenida una joven en Marbella por robar unas joyas que portaba la Virgen del Carmen
Persecuciones y detenciones
En uno de los vídeos que se han viralizado puede verse a varios agentes persiguiendo a los manteros por el paseo marítimo, e incluso a uno de ellos empujando a un vendedor cerca de un restaurante. La situación se intensificó minutos después, cuando un bañista increpó verbalmente a uno de los policías por su actitud. En la grabación se observa cómo el agente responde propinándole una bofetada, y luego otra más, ante la mirada de varios testigos.
Pablo Rancaño, uno de los implicados, ha denunciado públicamente en distintos medios de comunicación haber sido detenido tras intervenir para mediar. “Me acerqué de forma tranquila para pedirle al agente que parara, que iba a hacerle daño a ese hombre”, relató en el programa de televisión ‘Y ahora Sonsoles’. Según su testimonio, la respuesta del agente fue inmediata: “Se giró furioso y me dijo ‘¡tú también te vienes detenido!’”.
Rancaño asegura que al menos seis agentes participaron en su reducción, y que durante su paso por comisaría pidió asistencia médica. Sin embargo, afirma que el volante médico nunca fue incorporado al expediente judicial. Ahora está acusado de atentado a la autoridad y obstrucción a la justicia por, supuestamente, haber interferido en la operación contra los manteros. “Lo que ocurrió ese día no tiene perdón de Dios”, lamenta. Las imágenes de la intervención han comenzado a circular en redes sociales, sumándose a otros vídeos recientes que muestran enfrentamientos entre policías y vendedores ambulantes.
¿Qué dice la ley?
Aunque algunos ciudadanos perciben el top manta como una simple infracción administrativa, la realidad jurídica es muy distinta. Vender productos falsificados —como bolsos, zapatillas o relojes con marcas imitadas— constituye un delito contra la propiedad industrial recogido en el artículo 274 del Código Penal. . La jurisprudencia establece que no es necesario que el producto sea una copia exacta del original; basta con que sea confundible con una marca registrada. Tampoco se exige que haya engaño al comprador, ya que el bien jurídico protegido no es al consumidor, sino a la marca: su prestigio, exclusividad y valor comercial. Según informes de asociaciones empresariales como la Confederación Española de Comercio, el top manta representa una competencia desleal que genera pérdidas económicas estimadas en más de 1.000 millones de euros anuales para el comercio legal
Además, no se requiere una denuncia previa de la marca para que la policía intervenga. Se trata de un delito perseguible de oficio, y todas las fuerzas y cuerpos de seguridad tienen el deber de actuar. Incluso si el valor de los productos no supera los 400 euros, la conducta sigue siendo delictiva. Las penas por este delito pueden ir de 6 meses a 2 años de prisión, aunque en muchos casos los jueces aplican atenuantes cuando se trata de personas sin antecedentes, con beneficios económicos bajos o en situación de vulnerabilidad. Aun así, no se considera un delito leve, sino menos grave, lo que implica mayor rigor en su tratamiento judicial.
Desde el punto de vista policial, estas intervenciones deben hacerse de forma rápida y segura, sobre todo en zonas turísticas con mucha gente. Los agentes tienen la obligación de confiscar la mercancía, hacer un informe detallado y enviar todas las pruebas, como posibles peritajes, al juzgado. Esta base legal respalda el trabajo de las policías locales en operativos como el de la playa del Faro, aunque también pone sobre la mesa el debate desde el punto de vista moral y social.
Más noticias de 101TV en las redes sociales: Instagram, Facebook, Tik Tok o X. Puedes ponerte en contacto con nosotros en el correo informativos@101tv.es