El grupo municipal de Podemos en Granada ha presentado un recurso de reposición contra la resolución de la Junta de Gobierno Local que otorga calificación ambiental favorable a tres proyectos de plantas solares fotovoltaicas en el barrio de El Fargue.
Según la formación, dicha aprobación supone una fragmentación artificial de un proyecto único para evitar la obligatoria Evaluación de Impacto Ambiental, tal como exige la normativa estatal y europea.
El recurso y la denuncia
La resolución impugnada fue publicada el pasado 18 de agosto en el Boletín Oficial de la Provincia. En ella se avala la construcción de tres instalaciones fotovoltaicas independientes, denominadas Gregorio I, Stadium Plus I y Soto Oscuro I, cada una con una potencia de 4,95 MW. Sin embargo, Podemos sostiene que se trata de un solo proyecto de 14,85 MW, con infraestructuras comunes como la línea de evacuación eléctrica y el punto de conexión.
“El proyecto ha sido dividido de forma artificial con la intención de eludir la Evaluación de Impacto Ambiental que sería obligatoria por su magnitud”, ha indicado Salvador Soler, portavoz de Podemos en Granada. La formación ha solicitado además la suspensión cautelar de la resolución, con el objetivo de evitar daños ambientales irreparables mientras se resuelve el recurso.
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El contexto ambiental de El Fargue
El Fargue se sitúa en un entorno natural de alto valor ecológico, en las estribaciones de la Sierra de Huétor, zona utilizada como corredor ecológico y próxima a áreas protegidas. Además, actúa como zona de recarga de acuíferos, por lo que vecinos y colectivos ecologistas han mostrado preocupación por los posibles impactos de estos desarrollos fotovoltaicos si no se someten a evaluación ambiental rigurosa.
El recurso presentado por Podemos no solo cuestiona la supuesta fragmentación del proyecto, sino que también apunta a varias irregularidades administrativas. Entre ellas, el uso de normativa derogada y obsoleta, una presunta incompetencia funcional al haber sido firmada la resolución por un concejal delegado en lugar del órgano colegiado competente, y una falta de motivación y análisis acumulativo de impactos sobre suelo, agua, biodiversidad y paisaje.
Críticas al procedimiento y a la transparencia
Asimismo, critican que el expediente se publicara en pleno mes de agosto y sin indicar los recursos posibles frente a la resolución, lo que consideran una práctica opaca y contraria a la buena fe administrativa.
Granada, al igual que otras provincias andaluzas, vive un auge en la tramitación de proyectos de energía renovable, especialmente solares, tras los objetivos de transición energética fijados por la Unión Europea y el Gobierno de España.
No obstante, organizaciones como Ecologistas en Acción han advertido sobre los riesgos de una planificación inadecuada, que puede causar impactos negativos sobre el territorio si no se garantiza una evaluación ambiental rigurosa y una participación ciudadana efectiva.
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