A principios del mes de Julio la localidad murciana de Torre Pacheco se situaba en el centro del debate político y mediático por una «caza» a la comunidad musulmana, anunciada en un controvertido chat de Telegram. Un mes después, Murcia vuelve a desatar la polémica, esta vez en Jumilla, después de que el Ayuntamiento, gobernado por el PP con el apoyo de Vox, haya aprobado una medida que impide la celebración de actos culturales y religiosos en instalaciones deportivas municipales, lo que afectaría directamente a la comunidad musulmana del municipio. La enmienda, impulsada por Vox y reformulada por el PP, se presenta como una defensa de las “tradiciones españolas”, pero ha sido interpretada como un veto encubierto a fiestas como el Eid al-Fitr y el Eid al-Adha, que suelen celebrarse en espacios abiertos con gran afluencia de fieles.
Con unos 1.500 musulmanes en Jumilla, la medida ha sido calificada por líderes comunitarios como “discriminatoria” y “antiislámica”. Mounir Benjelloun, presidente de la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas, denuncia un intento de limitar el derecho al culto de forma selectiva. Juristas como José María Contreras, catedrático de Derecho Eclesiástico, advierten que podría tratarse de una “discriminación indirecta”, ya que, aunque la norma se presenta como neutral, afectaría de forma desproporcionada a un grupo religioso concreto.
Cruce de versiones entre los líderes políticos por los disturbios en Torre Pacheco
«Escalada islamófoba» en Murcia
La medida ha generado rechazo entre activistas, expertos y partidos de la oposición, que alertan de una escalada islamófoba institucional en la Región de Murcia, especialmente tras los recientes disturbios xenófobos en Torre Pacheco. Asociaciones musulmanas de otras ciudades, como Madrid, también han denunciado trabas similares por parte de gobiernos municipales de derechas a la hora de celebrar sus festividades religiosas.
Mientras Ceuta y Melilla reconocen oficialmente estas fiestas como días festivos, en muchos municipios peninsulares se perciben como una amenaza. La comunidad musulmana teme que esta tendencia se extienda y complique aún más el ejercicio de sus derechos fundamentales en territorio español.
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