La ministra de Sanidad, Mónica García, ha desempolvado una de sus propuestas más llamativas y, a la vez, más esperadas: preservativos gratuitos para adolescentes y jóvenes de entre 14 y 22 años con menos recursos. Una medida que estuvo aparcada por la falta de presupuestos, pero que ahora podría ver la luz antes de que termine el año.
El objetivo es claro: frenar el repunte de las infecciones de transmisión sexual (ITS) que, según los datos oficiales, llevan años creciendo en España. Casos de clamidia, gonorrea y sífilis se disparan campaña tras campaña, y los estudios señalan un patrón alarmante: cada vez se usan menos preservativos entre los jóvenes, pese a ser el único método anticonceptivo que protege frente a estas enfermedades.
Farmacias como puntos de recogida
El plan se implementará a través de las farmacias, que actuarán como puntos de recogida para quienes acrediten cumplir los requisitos. No se trata solo de un alivio económico, sino de romper barreras de acceso y normalizar el uso del preservativo como parte esencial de la salud sexual.
Con este gesto, Sanidad quiere mandar un mensaje rotundo: la prevención también es igualdad. Según los expertos, garantizar que cualquier joven, independientemente de sus recursos, pueda protegerse, es una apuesta directa por la equidad y por una juventud más sana y consciente.
Más control para los abortos
Pero no fue la única noticia que dejó García sobre la mesa. La ministra avanzó que en breve se publicará el informe que analiza el cumplimiento de la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, reformada en 2023.
Uno de los puntos más importantes: comprobar si los hospitales públicos están realizando abortos, como obliga la ley. La propia ministra admitió que no es así. El ejemplo más sangrante es Madrid: en los últimos diez años se practicaron 162.000 abortos, de los cuales solo 177 se hicieron en hospitales públicos.
Con este doble anuncio, Sanidad abre un nuevo frente político y social: por un lado, garantizar la prevención entre los jóvenes; por otro, forzar a las comunidades a cumplir con la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública. Dos debates que, a buen seguro, marcarán la agenda sani
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