La juez que instruye la causa contra el conocido como ‘Dioni de Pino Montano’ ha enviado a prisión provisional sin fianza al administrador de fincas investigado tras constatar que trató de eludir la acción judicial. El intento de fuga ha sido determinante en la adopción de la medida cautelar.
La magistrada Reyes Flores, titular de la Sección de Instrucción número 8 del Tribunal de Instancia de Sevilla, recoge en el auto que José Manuel Moreno Lucas-Viedma no respondió a las llamadas policiales pese a conocer que existían denuncias y una investigación abierta. Finalmente fue localizado tras varios días de búsqueda en la vivienda de una de sus hijas, distinta a la suya habitual.
Intento de fuga
El juzgado le atribuye cuatro delitos: estafa, apropiación indebida, administración desleal y falsedad documental. En la resolución judicial se subraya que el riesgo de fuga, dadas las penas que podrían imponerse, justifica su ingreso en prisión sin posibilidad de fianza.
La juez también aprecia riesgo de destrucción de pruebas o de actuaciones que pudieran obstaculizar la investigación si el investigado permanecía en libertad, además de la alarma social generada por el alcance del caso y el número de afectados.
Lucas-Viedma fue detenido por la Policía Nacional el martes en Benacazón y puesto al día siguiente a disposición judicial. En su comparecencia optó por acogerse a su derecho a no declarar. Tras su arresto se practicaron registros en sus oficinas, donde los agentes intervinieron abundante documentación y material informático. El Grupo de Delincuencia Económica de Sevilla analiza ahora ese contenido para determinar el alcance real del perjuicio económico.
Cuentas sin fondos
Según consta en el auto, en las numerosas cuentas bancarias en las que figura como titular, autorizado o a través de sociedades vinculadas no se han encontrado saldos suficientes para cubrir una eventual responsabilidad civil. Este extremo refuerza, a juicio de la magistrada, la necesidad de la medida cautelar adoptada.
La investigación apunta a que el administrador solicitaba créditos a nombre de las comunidades de propietarios que gestionaba sin informar a presidentes ni vecinos. Alegaba supuestas reformas o actuaciones como la instalación de ascensores para acceder a subvenciones.
Posteriormente, el dinero habría sido transferido a cuentas propias, dejando a las comunidades sin fondos mientras las entidades bancarias reclaman ahora los préstamos impagados. Las cuantías varían según los casos, con operaciones que alcanzan desde varias decenas de miles hasta cerca de 200.000 euros.
Por el momento constan denuncias de varias comunidades de Pino Montano y está previsto que se sumen más en las próximas horas. También hay afectados en Tiro de Línea, Sevilla Este, La Macarena y Camas, además de una comunidad en Zahara de los Atunes (Cádiz) que ha anunciado su intención de personarse en la causa. El número total de perjudicados y la cifra definitiva del presunto fraude siguen pendientes de concretarse a la espera del avance de la investigación y del análisis completo de la documentación intervenida.
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