La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, y el secretario general de UGT Servicios Públicos de Córdoba, Aurelio Carrillo, han alertado sobre el «progresivo deterioro» que sufren los servicios públicos en la provincia. Ambos responsables señalan directamente a las políticas impulsadas por la Junta de Andalucía como causantes de esta situación.
La denuncia surge tras una reunión de trabajo entre ambos dirigentes, en la que coincidieron en destacar el «enrarecimiento» de los derechos laborales y sociales en las empresas públicas andaluzas. Según han explicado, estos problemas afectan de manera especial a los trabajadores del sector público cordobés.
Sanidad, educación y bomberos, los más afectados
Los sectores más perjudicados por este deterioro son algunos de los servicios más esenciales para la ciudadanía. Crespín y Carrillo han señalado que la sanidad, la educación, los servicios de extinción de incendios y la atención a la dependencia están experimentando un empeoramiento notable.
«Debería hacer reflexionar sobre las garantías sociales que nos definen como sociedad y que, desde las instituciones públicas, deben suponer una obligación para la ciudadanía», han manifestado ambos dirigentes en una declaración conjunta.
El problema principal radica, según su análisis, en la falta de personal suficiente para atender adecuadamente las demandas ciudadanas en estos servicios fundamentales.
La dependencia, el sector que más sufre la falta de personal
Uno de los casos más graves que han puesto sobre la mesa es el de la atención a la dependencia. Tanto el PSOE como UGT reclaman un aumento urgente de la plantilla encargada de gestionar los expedientes de dependencia.
El objetivo es «poder reducir el tiempo de espera de las personas que necesitan con urgencia esa atención, y que no pueden esperar», han explicado. Esta situación afecta directamente a ciudadanos en situación vulnerable que requieren ayuda inmediata.
La misma carencia de personal se reproduce «en otros ámbitos de lo público como la sanidad, bomberos forestales, y resto del sector público andaluz que necesita refuerzos para poder asumir la enorme carga de trabajo», han añadido.
Trabajadores con distintos salarios por el mismo trabajo
Aurelio Carrillo ha puesto el foco en una situación que considera especialmente injusta dentro de las empresas públicas andaluzas. El dirigente sindical ha criticado que trabajadores que realizan las mismas tareas cobren salarios diferentes según el convenio al que estén sujetos.
Esta disparidad salarial es consecuencia directa de «los cambios impuestos desde el Gobierno del PP en la Junta de Andalucía», según ha explicado Carrillo. El responsable de UGT considera que esta situación requiere una solución «ágil» para garantizar la equidad laboral.
El problema afecta a numerosos empleados públicos que, pese a desarrollar funciones idénticas, perciben retribuciones distintas en función del marco normativo que regule su contrato.
Bloqueos en la negociación colectiva local
Los problemas no se limitan al ámbito autonómico. Carrillo también ha denunciado dificultades en el ámbito municipal, donde algunas administraciones locales de la provincia están bloqueando la negociación colectiva.
Además, el dirigente sindical ha reclamado que se culminen «los procesos de estabilización que hay aún pendientes» en el empleo público. Esta demanda responde a una exigencia europea que establece que la temporalidad en las administraciones públicas no debe superar el 8%.
El incumplimiento de esta normativa europea podría acarrear sanciones para España, de ahí la urgencia que transmite UGT para resolver estos procesos pendientes.
Compromiso de colaboración entre PSOE y UGT
Pese a las críticas, tanto Crespín como Carrillo han destacado el «clima de diálogo y la receptividad» que caracteriza su relación de trabajo. Ambos dirigentes han ensalzado la línea de colaboración abierta para abordar estos problemas.
Carrillo asume esta responsabilidad desde su posición al frente de «una federación que ostenta la mayoría de representación de las personas trabajadoras en las Administraciones Públicas en la provincia y a nivel estatal».
Su objetivo conjunto es «trabajar en la línea de defender y garantizar, cada uno desde su posición, unos servicios públicos de calidad, justos e irreemplazables» y proteger los derechos laborales y sociales de los trabajadores del sector público cordobés.
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