El Congreso ha aprobado obligar a Renfe a volver a las compensaciones por retrasos que tenía antes, en una votación que supone un revés para el Ministerio de Transportes. Desde el 1 de enero de 2026, los viajeros podrán recuperar el 50% del billete si su tren llega con más de 15 minutos de retraso, y el 100% si la demora supera los 30 minutos.
La enmienda, impulsada por el Partido Popular, ha contado con el respaldo de ERC, Junts y Podemos, mientras que el PSOE votó en contra. La diputada del PP Ana Martínez Labella defendió que «la puntualidad también es un derecho» y denunció el «caos» del sistema ferroviario. Por su parte, la socialista Cristina López Zamora argumentó que la medida «castiga a lo público» al obligar solo a Renfe, y no a sus competidores privados, a indemnizaciones más generosas. El ministro Óscar Puente cuestionó la efectividad de la enmienda: «A ver qué recorrido tiene», declaró.
El Congreso aprueba con los votos del PP y los socios independentistas recuperar las compensaciones que la operadora pública eliminó en 2024, ahorrándose 79 millones de euros este verano
En julio de 2024, en plena crisis operativa del sistema ferroviario y bajo presión de la competencia privada, Renfe endureció mucho las condiciones de indemnización. Para recuperar el 50% del billete hacían falta entre 60 y 90 minutos de retraso. Y para que te devolvieran el importe completo, el tren tenía que llegar con más de 90 minutos de demora. Es decir, se multiplicó por cuatro el tiempo mínimo necesario.
4 de 10 diez trenes llegaron con retraso este verano
Este verano pasado, cuatro de cada diez trenes de alta velocidad llegaron tarde. Pero con las nuevas normas restrictivas, solo tres de cada cien viajeros pudieron pedir compensación. Si hubieran estado vigentes las condiciones antiguas, casi 2,5 millones de pasajeros habrían recibido algún reembolso. Renfe se ahorró unos 79 millones de euros con el cambio: 27 millones en devoluciones del 50% y otros 52 millones en reembolsos íntegros.
La compañía ferroviaria ha anunciado que buscará fórmulas legales para evitar aplicar esta medida. Argumentan que les pone en desventaja frente a empresas privadas como Iryo y Ouigo, que no tienen que cumplir esta obligación al no ser la normativa aplicable a operadores privados.
La postura de Renfe
Fuentes de la compañía aseguran que evaluarán las vías jurídicas para mantener las compensaciones actuales, que consideran «las más ventajosas del sector». Desde Renfe argumentan que la enmienda «condena a la empresa y a los trabajadores públicos a competir en clara desventaja» frente a operadores privados.
Desde el Ministerio de Transportes califican la iniciativa de «operación demagógica y brindis al sol populista» porque solo obliga a la empresa pública. Advierten que si se quiere obligar a todas las compañías a pagar compensaciones por igual, los billetes podrían encarecerse para cubrir el coste de las indemnizaciones.
El cambio de política coincidió con la llegada de trenes privados que bajaron mucho los precios y desencadenaron una guerra comercial. En 2023, Renfe pagó 42 millones de euros en compensaciones por retrasos, una cifra que la empresa consideró insostenible en un mercado cada vez más competitivo.
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