El Tribunal Supremo ha ordenado este lunes 30 de junio el ingreso inmediato en prisión provisional de Santos Cerdán León, exsecretario del PSOE, por ser el único miembro de la supuesta organización criminal que controlaba tanto el cobro como la distribución de las comisiones ilegales. Una decisión sin precedentes que lo distingue del resto de investigados.
Mientras José Luis Ábalos y Koldo García permanecen libres, el juez considera que Cerdán era la pieza clave financiera de la trama, con acceso privilegiado a información que podría «desvelar en toda su dimensión» las responsabilidades penales de empresas y personas aún no identificadas.
El Supremo sospecha que el exdirigente del PSOE era quien distribuía las comisiones de las adjudicaciones públicas irregulares
El auto judicial, al que ha tenido acceso 101TV, destaca un «dato inquietante» que ninguna otra investigación había revelado con esta precisión matemática. El magistrado Leopoldo Puente Segura establece una comparación demoledora: «Si el importe del premio económico por la indebida adjudicación de las obras hubiera constituido, por hipótesis, un uno por ciento del valor de las adjudicaciones -porcentaje aún muy contenido en términos comparativos con otras operaciones semejantes- dicha cantidad equivaldría a una cantidad superior a los cinco millones de euros, varias veces mayor que la parte que indiciariamente correspondía a los Sres. Ábalos y García».
Solo se han localizado un millón de los cinco millones que deberían existir según los cálculos del magistrado
El «misterio del millón perdido»
La resolución revela que el total de las obras adjudicadas a Acciona Construcción «importaba una suma muy próxima a los quinientos cincuenta millones de euros (concretamente, salvo error u omisión, 537.271.005 de euros)». Sin embargo, de las conversaciones grabadas sólo se desprende que «los Sres. Ábalos y García habrían percibido por ellas, como indebido premio económico, la cantidad de 550.000 euros, siendo adeudados todavía, otros 450.000 igualmente comprometidos».
El magistrado considera este reparto «un porcentaje insólitamente mínimo en el marco de esta clase de operaciones delictivas» y sugiere que la discrepancia «refuerza así, siempre en los términos indiciarios tantas veces señalados, la idea de que más personas, físicas o jurídicas, además de los Sres. Ábalos, García y Cerdán, pudieran haberse lucrado con las tan mencionadas adjudicaciones».
¿Por qué solo Cerdán va a prisión?
La decisión de enviar únicamente a Santos Cerdán a prisión se fundamenta en su función única dentro de la organización. Como explica el auto, «era en la organización la persona encargada de percibir los premios económicos, comisiones o ‘mordidas’ a cambio de los cuales se otorgaban las indebidas adjudicaciones».
El magistrado detalla que «los Sres. Ábalos y García, este último en particular, no reclamaran las cantidades que consideraban les eran adeudadas por las adjudicaciones de las obras identificadas en el tan citado informe policial de 5 de junio a las constructoras indebidamente favorecidas, ni a personas que en el marco de la organización de aquéllas hubieran protagonizado su gestión. Al contrario, las reclamaban inequívocamente al Sr. Cerdán León».
Esta posición privilegiada convierte a Cerdán en el único que conoce «el importe total de los indebidos pagos en relación con cada una de las obras adjudicadas, así como también del procedimiento concreto por el cuál la adjudicataria satisfacía las comisiones o premios pactados (en metálico, a través de empresas terceras con simulación de inexistentes servicios, por trasferencias a personas, físicas o jurídicas, interpuestas, etc)».
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Las grabaciones que lo delatan
Las pruebas contra Santos Cerdán incluyen conversaciones grabadas por Koldo García que revelan su papel central. El auto recoge que en una de estas grabaciones «el propio don Santos reprocha a don Koldo con insistencia que de esos temas no se habla, se escriben en un papel y se rompe», evidenciando su conocimiento de la ilegalidad de las operaciones. En las grabaciones, Cerdán aparece «comprometiéndose con el Sr. García Izaguirre a reclamar la totalidad de lo que les era debido», confirmando su papel como intermediario financiero entre las empresas y los beneficiarios finales.
«‘De esos temas no se habla, se escriben en un papel y se rompe’, dice Cerdán en una grabación»
Las obras investigadas presentan un «elocuente denominador común: todas ellas fueron adjudicadas a la empresa Acciona Construcción actuando en U.T.E. con otras de menor envergadura, sin que en ninguno de los casos la adjudicataria presentara la mejor oferta económica, invariablemente favorecida en la licitación por criterios de valoración subjetiva».
Entre las obras identificadas se encuentran proyectos desarrollados «en el marco de actuación del Ministerio de Transportes y a través de la Dirección General de Carreteras o de A.D.I.F., en Logroño, Sevilla, San Feliú de Llobregat, El Mayor y Murcia».
El vínculo con Servinabar
El auto revela la «inequívoca vinculación» de Santos Cerdán con la mercantil Servinabar 2000 S.L.U., «empresa que resultó adjudicataria de ciertas obras públicas, precisamente actuando en U.T.E., pese a sus mínimas dimensiones y nula experiencia en el negocio de la construcción, con ACCIONA CONSTRUCCIONES».
En julio de 2018, según documenta la resolución, «don Santos Cerdán mantuvo una comunicación con don Koldo García, ya en el mes de julio de 2018, interesando el primero del segundo que se le concretara el concepto por el cual deberían abonarse 4.500 euros por SERVINABAR, respondiendo don Koldo que debería figurar como donación».
Gestionó pagos de 4.500€ desde Servinabar que acabaron en una fundación de Ábalos
El magistrado destaca que estos ingresos «procedentes de SERVINABAR y destinados a FIADELSO, no parecen haber tenido un carácter puntual sino periódico», refiriéndose a la Fundación vinculada a José Luis Ábalos. Santos Cerdán llegó a remitir «una captura de pantalla de un correo electrónico en el que se evidenciaba la realización de la mencionada trasferencia en favor de la Fundación FIADELSO, vinculada a don José Luis Ábalos y a su entorno familiar».
«Su inmunidad parlamentaria impidió registros cuando hubieran sido ‘eficaces por imprevisibles'»
El auto explica detalladamente por qué Santos Cerdán recibe un tratamiento más severo que otros investigados. «Este riesgo no se identificó con respecto a otros investigados en esta causa especial», señala el magistrado, quien justifica la diferencia porque «en el caso de don Santos Cerdán, muy recientemente incorporado a esta causa en condición de investigado, no ha podido practicarse todavía la indispensable investigación acerca de su verdadera situación patrimonial».
Además, «no ha sido objeto tampoco de un registro domiciliario, como consecuencia de que su inicial condición de Diputado del Congreso, a la que varios días después de ser conocida su posible imputación renunció, lo impedía en ese primer momento, cuando habría podido resultar eventualmente eficaz por imprevisible».
La declaración fallida
Durante su comparecencia, Santos Cerdán adoptó una estrategia defensiva que no convenció al magistrado. Como recoge el auto, el investigado «expresó que no recuerda haber mantenido esa clase de conversaciones, que las mismas no se encontrarían completas o que aparecerían, en términos generales, descontextualizadas».
Su explicación sobre los motivos de su imputación tampoco resultó creíble para el instructor: «Refiere, además, que, a su juicio, el único motivo de que aparezca imputado en la presente causa especial respondería a una suerte de ‘reacción’ de ‘determinadas fuerzas’, cuya identidad no termina de concretar, disconformes con su decisiva participación en la formación de un Gobierno progresista».
Los delitos que se le imputan
Santos Cerdán León está siendo investigado por integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. El magistrado considera que existen «motivos más que bastantes para considerar, siempre en los términos indiciarios que corresponden a este momento, que don Santos Cerdán León pudiera haber participado en los graves hechos que aquí se le atribuyen, eventualmente constitutivos de los ilícitos penales ya señalados».
La decisión judicial marca un precedente al ser el primer alto dirigente del PSOE enviado a prisión provisional en esta investigación, estableciendo un punto de inflexión en una causa que podría revelar ramificaciones aún desconocidas en el entramado de corrupción de las adjudicaciones públicas del Ministerio de Transportes.