El ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, comparece este miércoles ante la comisión de investigación del Senado sobre todas las ramificaciones del ‘caso Koldo’ casi un mes después de abandonar la prisión, donde permaneció cinco meses. La citación se produce después de la publicación de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le situó como epicentro de una presunta trama de cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de obra pública.
Cerdán, investigado por el Tribunal Supremo por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, se somete al interrogatorio de los senadores a partir de las 10.00 horas. Es la segunda vez que comparece ante este foro, ya que fue interrogado meses atrás cuando aún ocupaba la secretaría de Organización del PSOE.
Previsible silencio ante la comisión
En esta ocasión, y debido a su situación judicial, se prevé que el exdirigente socialista se acoja a su derecho a no declarar, como ya han hecho otros comparecientes en circunstancias similares, para no comprometer su defensa.
La comparecencia se produce tras el ingreso en prisión del exministro de Transportes José Luis Ábalos y del exasesor ministerial Koldo García, con quienes, según la investigación, habría liderado la supuesta trama corrupta. Llega también pocos días después de que el Tribunal Supremo confirmara la apertura de juicio oral contra Ábalos, Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia.
Detenciones recientes y nuevas investigaciones
La citación coincide además con un contexto judicial especialmente delicado. La pasada semana fueron detenidos la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, socio de Cerdán en la empresa Servinabar, considerada una de las piezas clave del caso, en una investigación de la Audiencia Nacional por presuntas irregularidades en contratos públicos.
Asimismo, en otro procedimiento impulsado por la Fiscalía Anticorrupción, fueron arrestados el presidente de la aerolínea Plus Ultra, Julio Martínez, y su consejero delegado, Roberto Roselli, por el presunto uso indebido de los 53 millones de euros del rescate concedido por el Gobierno y un supuesto blanqueo de fondos públicos y oro procedente de Venezuela.
Este lunes, Cerdán acudió por segunda vez a firmar al juzgado de Tafalla (Pamplona), en cumplimiento de las medidas cautelares impuestas tras su puesta en libertad. A la salida, aseguró a los periodistas que no sabe nada de una supuesta trama de corrupción vinculada a la SEPI y afirmó que dará explicaciones «cuando la tenga que dar».
Por otro lado, la comisión no contará con la comparecencia de su esposa, Francisca Muñoz, prevista para el 15 de diciembre, después de que alegara motivos de enfermedad ante los servicios de la Cámara Alta.
La ofensiva del PP
En la víspera de la comparecencia, fuentes del PP señalaron que Cerdán tiene la oportunidad de «pedir perdón a todos los españoles, anunciar que devuelve lo robado y colaborar con la verdad». Los ‘populares’ avanzan que le preguntarán por la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno, por el papel de Leire Díez y por si estaba al tanto de la supuesta trama de mordidas relacionada con la SEPI.
El PP también pretende interrogarle sobre quién dio la orden de «construir ese sistema corrupto», cuántas personas se beneficiaron de la presunta trama y cuál habría sido, a su juicio, el papel del presidente del Gobierno. Desde el grupo popular recuerdan que Cerdán ya compareció ante la comisión el 30 de abril de 2024 y sostienen que entonces «negó todo».
Un papel «preeminente» en la trama
El pasado 30 de junio, el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente decretó el ingreso en prisión provisional de Santos Cerdán al atribuirle un papel «preeminente» en la supuesta organización dedicada al cobro de comisiones ilegales por adjudicaciones de obra pública. Según el juez, existían indicios de que Cerdán, Ábalos y Koldo García habrían conformado una organización criminal con ese fin.
La investigación sitúa el origen de la trama en la empresa Servinabar, en la que Cerdán tuvo participación, y apunta a que el entramado se habría expandido tras la llegada de Ábalos al Ministerio de Transportes y la incorporación de Koldo García como asesor, a instancias del propio Cerdán.
De acuerdo con el auto judicial, se habrían canalizado de forma indebida adjudicaciones de obras públicas, especialmente en el ámbito de Carreteras y Adif, en favor de determinadas constructoras, entre ellas Acciona en UTE con empresas de menor tamaño como Servinabar. El papel de Cerdán habría consistido en reclamar a las constructoras las cantidades presuntamente adeudadas para, posteriormente, hacerlas llegar a Ábalos y Koldo García.
Las pesquisas se apoyan en varios informes de la UCO de la Guardia Civil, el primero de ellos conocido el 12 de junio, que precipitó la dimisión de Cerdán de todos sus cargos y, posteriormente, su ingreso en prisión tras declarar ante el Tribunal Supremo.
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