El ex secretario general del PSOE, Santos Cerdán, ha llegado en la mañana de este lunes al Tribunal Supremo entre gritos de «corrupto» y «sinvergüenza» por los presentes. Declarará como imputado por la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública que se investiga en el marco del denominado ‘caso Koldo’.
Cerdán ha llegado poco antes de las 10.00, la hora a la que estaba citado, en medio de una gran expectación mediática. Acompañado de su abogado, Benet Salellas, ha optado por no hacer declaraciones a la prensa. El magistrado Leopoldo Puente le llamó a sede judicial tras recibir un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le sitúa como epicentro de dichas corruptelas, junto al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y su ex asesor ministerial Koldo García.
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Fuentes de la defensa indican que Cerdán está dispuesto a declarar por los delitos de organización criminal y cohecho que se le imputan, si bien ya ha manifestado públicamente que no se reconoce en los audios en los que se basa dicho informe, por lo que todo apunta a que podría hacer el mismo alegato ante el alto tribunal.
El instructor ya avanzó que tras tomarle declaración valorará la adopción de medidas cautelares en su contra. A Ábalos, Koldo y el presunto conseguidor de la trama, el empresario Víctor de Aldama, decidió prohibirles la salida del país, retirarles el pasaporte y que comparezcan periódicamente en sede judicial.
La llegada de Cerdán al ‘caso Koldo’ tuvo lugar a raíz del informe elaborado por la UCO en base a unos audios grabados por Koldo entre 2029 y 2023 que reflejan conversaciones entre ellos y Ábalos, así como a partir de los mensajes de WhatsApp que se intercambiaron.
Los hechos se remontan a 2015
Según los agentes, la presunta trama nació en 2015 en Navarra –área de influencia de Cerdán y Koldo– con éstos como protagonistas y creció a medida que tanto ellos como posteriormente Ábalos fueron ganando relevancia política.
Los investigadores reflejan que el rol de Cerdán en estas supuestas corruptelas fue cambiando. Así, ante el ascenso de Ábalos y Koldo al Ministerio de Transportes, habría menguado quedando como un gestor de «pagos», mientras que tras la caída de éstos habría vuelto a tomar los mandos, según la UCO.
La Guardia Civil sostiene que los contratos de obra pública que se investigan fueron adjudicados a las constructoras Acciona, Obras Públicas y Regadíos (OPR) y Levantina Ingeniería y Construcción (LIC). Solo las mordidas que habrían obtenido de Acciona ascenderían a 620.000 euros, aunque se les adeudarían 450.000 euros. «Voy a ir a por todo», aseguró Cerdán.
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Se espera que uno de los puntos clave del interrogatorio a Cerdán sea el contrato privado que la UCO halló el pasado 10 de junio en el registro efectuado en casa del empresario Joseba Antxón Alonso Egurrola. El documento, aportado al Supremo, refleja que en 2016 –un año después de que se iniciara la presunta trama– el ex dirigente socialista compró por 6.000 euros el 45% de Servinabar.
El informe del UCO refleja que esta empresa, en la que Alonso Egurrola figura como administrador único, recibió más de 75 millones de euros en adjudicaciones de obra pública realizadas por el Gobierno navarro que están bajo la lupa del Supremo. Fuentes de la defensa de Cerdán cuestionaron la validez de dicho documento, al reducirlo a «un mero contrato privado que no se llegó a elevar a público» y, por tanto, «no tuvo ni ha tenido efecto jurídico alguno».
Sin embargo, el Consejo General del Notariado ha explicado que los contratos privados no elevados a escritura pública, como sería el caso, surten efectos entre los firmantes, aunque no ante terceros, al tiempo que ha advertido de que suelen buscar la ocultación del verdadero propietario.
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