La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a seis personas, cinco hombres y una mujer, de entre 44 y 54 años, como presuntas autoras de delitos de estafa, blanqueo de capitales y falsificación de documento público cometidos a través de internet.
Las detenciones se han producido en las provincias de Almería y Castellón, donde residían los implicados, en el marco de la operación ‘Toroca’, desarrollada por el Equipo de Investigación de Delitos Tecnológicos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Granada.
La investigación arrancó el pasado mes de mayo, cuando los agentes tuvieron conocimiento de una estafa telemática sufrida por una empresa con sede en la provincia de Granada. Según la denuncia presentada por el gerente, la compañía había ordenado una transferencia de 13.000 euros a uno de sus proveedores, pero el dinero nunca llegó a su destino.
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Fraude informático con técnicas de interceptación de correo
Las pesquisas de la Guardia Civil revelaron un sofisticado modus operandi basado en la infección de correos electrónicos corporativos mediante malware, un software malicioso que permite controlar y manipular las comunicaciones electrónicas de la víctima sin ser detectado.
Una vez infectado el sistema, los delincuentes revisaban toda la correspondencia de entrada y salida hasta identificar alguna comunicación susceptible de generar beneficios económicos. En ese momento, interceptaban los mensajes sin que ni el emisor ni el receptor lo advirtieran, alteraban el contenido de la factura y la reenviaban modificando el número de cuenta bancaria del destinatario.
De este modo, cuando la empresa afectada realizó la transferencia de 13.000 euros creyendo que pagaba a su proveedor habitual, el dinero fue a parar directamente a una de las cuentas controladas por la red criminal.
Los investigadores califican este tipo de fraude como una variante de la estafa BEC, una modalidad de ciberdelito que afecta cada año a miles de empresas y que se basa en la manipulación de comunicaciones legítimas para redirigir transferencias económicas a cuentas controladas por los estafadores.
Red organizada para ocultar el dinero y evitar el rastreo
Para dificultar el seguimiento del dinero y entorpecer la investigación policial, los presuntos autores crearon múltiples cuentas bancarias en diferentes entidades. A través de ellas, distribuían los fondos obtenidos por la estafa con el objetivo de fragmentar las operaciones y hacer más complejo el rastreo por parte de los agentes.
Según fuentes de la Guardia Civil, el movimiento constante de dinero entre distintas cuentas permitió a los sospechosos mantener su actividad durante semanas sin levantar sospechas. No obstante, el análisis informático y financiero realizado por el Equipo de Delitos Tecnológicos permitió identificar los flujos económicos, localizar a los beneficiarios finales y proceder a su detención.
Los detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de delitos de estafa, blanqueo de capitales y falsificación de documento público, mientras la investigación continúa abierta para determinar si existen más empresas afectadas por el mismo método.
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