Una sentencia del Tribunal Supremo obliga al Ayuntamiento de Benalmádena a anular el contrato para el mantenimiento de las zonas verdes del municipio, adjudicado por la anterior corporación socialista en el año 2022 a la UTE formada por las empresas FCC Medio Ambiente y FCC Equal por un importe de 15,1 millones de euros. Dicho contrato se adjudicó en aquel momento gracias al voto de calidad del entonces concejal de Parques y Jardines, el socialista Joaquín Villazón, quien usó ese derecho como presidente de la mesa de contratación y a pesar de la posición contraria tanto de la secretaria de la misma como del interventor municipal.
Los hechos se remontan a marzo de 2022 cuando la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Benalmádena tomó la decisión de adjudicar dicho servicio para el mantenimiento de zonas verdes a las empresas FCC Medio Ambiente y FCC Equal, que participaron en la licitación con el compromiso de constituirse en UTE en el supuesto de resultar adjudicatarias. Tras la presentación de las oportunas ofertas se había producido un empate entre siete de las candidaturas. El criterio que se utilizó para desempatar fue computar a los trabajadores con discapacidad de las empresas, estableciendo dicho cómputo en función del porcentaje de participación en la UTE de cada una de las empresas que la componían.
Condiciones del pliego
Así, a pesar de que uno de los criterios previstos en el pliego para llevar a cabo el desempate era tener en cuenta el mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad en la plantilla de cada una de las empresas, en la propia mesa de contratación la vicesecretaria ya advirtió al presidente de la mesa y concejal en aquel momento, Joaquín Villazón, que el pliego no recogía expresamente el modo de computar dichos trabajadores, y que teniendo en cuenta que los niveles de participación de las empresas en una UTE puede alterarse sin autorización de la Administración, se entendía más adecuado efectuar el cómputo de trabajadores con discapacidad sin tener en cuenta el porcentaje de participación en la UTE.
El interventor municipal mostró su acuerdo con dicho argumento e incluso propuso la posibilidad de solicitar un informe jurídico al respecto, pero finalmente el entonces responsable socialista optó por someter la decisión a votación y utilizar su voto de calidad para hacer el cómputo en función del porcentaje de participación en la UTE, lo que colocó a la empresa FCC como la candidata más aventajada y por tanto beneficiaria del contrato.
Sentencia
Frente a esto, el TSJA concluye en su sentencia que la interpretación “literal o gramatical” del pliego no dice nada sobre ese criterio para efectuar el cómputo. Según señalan los magistrados, éste simplemente “fue un parecer que defendió el presidente de la mesa”. Por ello, falla a favor de las empresas Integra y Talher y anula la adjudicación del contrato y en su lugar ordena al Ayuntamiento que vuelva a contabilizar el porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión de todas las empresas licitadoras empatadas, basándose en los datos aportados por éstas, “atendiendo a la suma de las plantillas totales de las empresas integrantes y sin tener en cuenta el porcentaje de partipación interna” para con ello realizar una nueva clasificación y adjudicar el servicio a la “licitadora que proceda”.
Reacción del Ayuntamiento
El actual equipo de Gobierno, con Juan Antonio Lara al frente, ya ha realizado una nueva valoración, en la línea de lo marcado por la Justicia, y fruto de la misma ha resultado adjudicataria la UTE Integra y Talher, que ya ha dado traslado al Ayuntamiento de Benalmádena que el estudio económico que presentó en aquel momento ha quedado desfasado respecto de los precios actuales y que de mantenerse tal cual resultaría deficitario.
“Resulta abrumador ver como un ex concejal socialista estableció sus propios criterios para decidir sin ningún tipo de miramiento qué empresa debía ser la adjudicataria de un contrato público y además desoyendo las indicaciones de dos habilitados nacionales, quienes ya le avisaron de lo que podía ocurrir. Ahora nos encontramos con que esa decisión seguramente tendrá graves consecuencias económicas para el Ayuntamiento de Benalmádena, que ya estamos estudiando con los servicios jurídicos municipales, por lo que no descartamos emprender las medidas que sean necesarias al respecto”, ha afirmado el concejal de Parques y Jardines, Juan Olea.
De esta forma, Olea ha puesto en valor el trabajo que se viene realizando dentro de este área para atender con la mayor agilidad posible las decisiones judiciales y que la transición entre ambas empresas se realice con la menor afectación posible a un servicio que resulta de gran importancia para el municipio.
Más noticias de 101TV en las redes sociales: Instagram, Facebook, Tik Tok o X. Puedes ponerte en contacto con nosotros en el correo informativos@101tv.es