La Fiscalía de Granada ha solicitado una pena de 15 años de prisión para un guardia civil acusado de encargar el asalto violento al domicilio de una anciana de 73 años en el municipio de La Zubia, donde la víctima guardaba 50.000 euros en efectivo. Según el escrito de acusación provisional, el agente habría actuado como inductor del robo, que se saldó con la mujer retenida durante horas, atada y golpeada hasta que los asaltantes lograron hacerse con el dinero.
Junto al guardia civil se sentarán en el banquillo de los acusados siete personas señaladas como autoras materiales del asalto, así como una novena acusada considerada cómplice. El Ministerio Fiscal atribuye a los principales implicados los delitos de robo con violencia en casa habitada, detención ilegal y lesiones, mientras que al agente también le imputa un delito de revelación de secretos, por el presunto uso indebido de información policial durante la investigación.
La Fiscalía solicita, además de la pena de prisión, la inhabilitación del guardia civil para el ejercicio de su profesión, y reclama que todos los acusados indemnicen de forma conjunta y solidaria a la víctima con 96.707 euros por los daños sufridos, los efectos sustraídos y las lesiones causadas. El juicio está señalado para el 23 de enero en la Audiencia Provincial de Granada.
El origen del conflicto y el encargo del robo
Los hechos se remontan a una relación previa entre el agente acusado y la víctima, originada tras el fallecimiento del hermano del guardia civil, quien se dedicaba a gestionar inversiones económicas. A raíz de esta situación, el agente quedó encargado de devolver a varios clientes las cantidades obtenidas como beneficios, entre ellos la anciana, jubilada, soltera y sin hijos, que vivía sola en La Zubia.
Según la investigación, la mujer, que apenas salía de casa por temor a contagiarse durante la pandemia de Covid-19, recibió del acusado varios sobres con dinero hasta marzo de 2021. Sin embargo, al comprobar que faltaban 10.000 euros, le recriminó la situación a través de mensajes de WhatsApp. En una de esas conversaciones, recogida en el escrito de acusación, el agente le respondió: “Noto un tono amenazante en ti y eso no me gusta”.
La Fiscalía sostiene que el acusado atravesaba entonces un delicado momento económico y que, conocedor de que la anciana guardaba el dinero de las inversiones en su domicilio, habría contactado con delincuentes habituales para encargarles el asalto. Las conversaciones intervenidas apuntan a que el objetivo era sustraer el efectivo y los teléfonos móviles que pudieran localizar.
Antes del robo, el guardia civil se habría reunido con varios de los acusados en un bar del polígono Juncaril, donde presuntamente les facilitó indicaciones precisas sobre la vivienda, los movimientos de la víctima y la forma de actuar. Tras ese encuentro, los implicados se desplazaron de madrugada hasta el domicilio de la anciana para ejecutar el plan.
El asalto
Según el relato del Ministerio Fiscal, los acusados saltaron la tapia de la vivienda y accedieron al interior. Al oír ruidos, la anciana salió de su habitación, momento en el que fue abordada violentamente, tirada al suelo e inmovilizada. Los asaltantes la ataron con prendas de ropa y cinturones, le taparon la boca para impedir que gritara y comenzaron a exigirle el dinero mientras la golpeaban en la cara y el cuerpo.
La mujer permaneció retenida en estas condiciones desde aproximadamente la una de la madrugada hasta las siete de la mañana. Durante ese tiempo, los acusados registraron la vivienda hasta localizar una caja fuerte, que arrancaron directamente de la pared utilizando un hacha que uno de ellos tuvo que traer expresamente desde Málaga, ante la falta de herramientas adecuadas en el domicilio.
Finalmente, los asaltantes lograron llevarse los 50.000 euros, además de varios teléfonos móviles. La Fiscalía considera acreditado que el guardia civil, preocupado por que se descubriera su implicación, utilizó presuntamente su condición de agente para acceder de manera irregular a datos policiales durante la investigación. Para ello, habría aprovechado que un compañero dejó abierta una sesión en el sistema informático.
Según la acusación, el agente llegó a enviar pantallazos con información confidencial al resto de implicados, alertándoles de que se había activado un seguimiento y de que se había intervenido un teléfono, mostrando su temor a que alguno “se fuera de la lengua”.
Por estos hechos, la Fiscalía solicita 15 años de prisión tanto para el guardia civil como para los autores materiales del asalto, mientras que para la acusada como cómplice reclama una pena de algo más de cuatro años de cárcel.
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