Los trabajadores del Ayuntamiento de Mijas han convocado una jornada de huelga para el próximo miércoles 26 de marzo. La movilización, acordada por el comité de empresa y la junta de personal tras una asamblea de empleados, cuenta con el respaldo de cinco organizaciones sindicales: la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Comisiones Obreras (CCOO), la Unión General de Trabajadores (UGT), UPLB y SIP-AN. Están llamados a secundarla cerca de 900 empleados municipales.
Más de dos años sin negociación
El conflicto tiene su origen en lo que los sindicatos califican como «más de dos años de inacción» por parte del equipo de gobierno municipal. Según CSIF, el Área de Recursos Humanos y la alcaldesa del municipio han bloqueado de forma sistemática cualquier proceso de negociación real con la representación de los trabajadores, lo que ha derivado en un «deterioro continuado de las condiciones laborales» y en una merma de los servicios públicos que recibe la ciudadanía.
La huelga del 26 de marzo no es la primera señal de malestar. El pasado sábado 1 de marzo, coincidiendo con los actos del Día de Andalucía, la plantilla municipal protagonizó una concentración frente al Teatro Manuel España para denunciar públicamente su situación.
Los sindicatos CSIF, CCOO, UGT, UPLB y SIP-AN respaldan el paro de los cerca de 900 empleados municipales, que denuncian la falta de diálogo y el deterioro de sus condiciones laborales
Uno de los principales focos del conflicto es el proceso de estabilización del empleo público, es decir, el mecanismo legal para reducir la temporalidad y consolidar puestos de trabajo. Los sindicatos exigen que se retome este proceso conforme a la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2022, que fija las plazas que deben cubrirse.
Varios juzgados ya han dado la razón a los trabajadores y han declarado nulas las modificaciones que el Ayuntamiento introdujo en esa oferta de empleo sin seguir el procedimiento legal ni negociarlo con los sindicatos. Sin embargo, según denuncia CSIF, el equipo de gobierno «ha optado por recurrir cada fallo judicial, agravando y eternizando el conflicto y perjudicando a decenas de trabajadores» en lugar de ejecutar las sentencias.
Un convenio sin actualizar desde 2015
A esto se suma que el convenio colectivo que regula las condiciones laborales de la plantilla municipal lleva en situación de ultraactividad —es decir, prorrogado indefinidamente sin renovarse— desde 2015, hace ya una década. Los sindicatos reclaman que se abra una negociación real para actualizarlo, con el objetivo de revisar los salarios, desarrollar la carrera profesional de los empleados e implantar un plan de formación.
CSIF señala además que el Ayuntamiento ha aprobado de forma unilateral modificaciones en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) —el documento que define los puestos y sus retribuciones— y ha tomado decisiones sobre adjudicaciones y amortizaciones de plazas sin alcanzar acuerdos previos en la mesa de negociación. Esta «cultura de la imposición», en palabras del sindicato, ha «dinamitado la confianza de los trabajadores en la buena fe negociadora» del consistorio.
Advertencia de más movilizaciones
Las organizaciones convocantes han advertido de que, si el bloqueo persiste, el paro del 26 de marzo será solo el primero de una serie de movilizaciones. CSIF ha hecho un llamamiento al equipo de gobierno para que «rectifique de inmediato, convoque los órganos pertinentes y se siente a negociar con voluntad real de acuerdo».
El sindicato concluye que «la única salida sostenible es la negociación y el respeto a los principios constitucionales que rigen el empleo público», y advierte de que la situación actual genera «desconfianza, inseguridad y un deterioro institucional evitable» que solo puede resolverse mediante el diálogo.
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