Tres años de cárcel y una multa de 50 millones de euros. Esa es la condena que ha decretado la Audiencia de Sevilla para quien fuera secretario de UGT Andalucía, Francisco Fernández Sevilla, por cometer un delito continuado de fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil.
Dicho fraude fue cometido al destinarse, «de forma consciente», unos fondos recibidos por la Junta de Andalucía a «financiar actividades propias del sindicato», cuando el fin no debía ser otro que la realización de cursos de formación para personas en situación de desempleo. El importe total de la partida de la Junta era de 40, 6 millones de euros.
La sentencia, que tiene una extensión de 247 folios, se ha dado a conocer este miércoles a las partes implicadas. En ella el tribunal señala los delitos cometidos, sobre los que destaca el agravante de dilaciones indebidas, por los que se ha desprovisto a Fernández Sevilla de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un periodo de cuatro años y seis meses.
Otros implicados
Estas condenas no se limitan al exlíder de UGT-A, sino que se imponen del mismo modo a otros tres excargos del sindicato, como son Federico Fresneda, exvicesecretario general de administración; María Charpín, que fuera secretaria de gestión económica; y Enrique Goicoechea, el entonces consejero delegado de la sociedad Soralpe.
Por otro lado, la sentencia también condena como cómplice de tales delitos a Dolores Sánchez, que era responsable del departamento de Compras de UGT-A durante la comisión de los mismos. Al ser una falta de menor gravedad, la pena de cárcel en su caso son seis meses y dos días, con multa de 25 millones de euros. Tampoco podrá obtener subvenciones, ayudas públicas, ni incentivos fiscales, aunque en un periodo de un año y medio.
