El instructor del ‘caso Koldo’ en el Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, ha abierto una pieza separada para investigar la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública, donde mantendrá como imputados al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García, al presunto conseguidor Víctor de Aldama y a varios empresarios de la construcción, entre ellos los granadinos Antonio y Daniel Fernández Menéndez, de Obras Públicas y Regadíos (OPR).
El Supremo decide así dividir las pesquisas del ‘caso Koldo’ para abrir una línea de investigación específica sobre los presuntos amaños de obra pública, manteniendo por otro lado las indagaciones relativas a las supuestas irregularidades en la compraventa de material sanitario en plena pandemia.
Sobre las obras, precisa que «es necesario diferenciar entre aquellas que se promovieron, en beneficio de Acciona Construcción, en UTE con otras de menor envergadura, bajo la indiciaria dirección y supervisión de Cerdán -en las que nada habría tenido que ver (…) De Aldama-; de aquellas otras, de menor entidad económica, que se promovían paralelamente bajo el control o impulso de Aldama, Ábalos y García -y en las que nada habría tenido que ver (…) Cerdán-«.
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En esta pieza separada engloba igualmente que, «recién producido» el nombramiento de Ábalos, «Cerdán remitió a Koldo (…) sugerencias o indicaciones, aconsejando o desaconsejando determinados nombramientos», como el del director general de Carreteras.
El instructor divide la causa porque, según explica, la parte sobre obra pública está en una fase «todavía muy incipiente», mientras que el resto de las pesquisas están muy avanzadas, «siendo previsible la pronta terminación de la fase de instrucción correspondiente» a esa parte principal.
Sobre esto, hace hincapié en que la información contenida en los diferentes dispositivos intervenidos solo en la casa de Koldo se alberga a lo largo de más de 10 terabytes y «cada uno de ellos permite conservar, aproximadamente, 250.000 fotografías, 250 películas o seis millones y medio de páginas escritas».
De esa ingente cantidad de información resultaron ocho audios de conversaciones grabadas por Koldo entre 2019 y 2023 que revelan la presunta trama de amaño de obras y que incriminan al exasesor, Ábalos y Cerdán.
Por otro lado, Puente encuadra en la parte principal todos los hechos ajenos a la adjudicación de obra pública, como los contratos a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Aldama, para la adquisición de mascarillas y mantiene como imputados a Aldama, Ábalos y Koldo.
Al hilo, recuerda que Aldama, «aprovechando la relación personal que le unía» con Ábalos y Koldo, «podría haber obtenido información previa sobre las necesidades derivadas de la urgencia, lo que le habría permitido articular una oferta para asegurar la adjudicación del contrato de suministro en favor de la empresa cuyos intereses promovía, Soluciones de Gestión».
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A ello añade que Aldama «podría haber obtenido también, antes y después, por un procedimiento semejante, la perfección de otros contratos de empresas y particulares con la administración pública».
Y, «con la finalidad referida, habría venido realizando entregas periódicas de dinero a Koldo, para que el mismo lo repartiera con Ábalos, sirviéndose, incluso, en alguna ocasión de Joseba García, hermano de Koldo, quien, para recibir dichas entregas de dinero metálico se habría desplazado, al menos en dos ocasiones, a la República Dominicana».
La nota que avaló el rescate de Air Europa y Villafuel
El juez detalla que la pieza principal incluiría asimismo lo referido a que Koldo, con el conocimiento y la aquiescencia de Ábalos, habría desplegado su influencia para lograr que Aldama o las empresas cuyos intereses favorecía pudieran entrevistarse con diferentes altos funcionarios o empleados públicos o se beneficiaran de concretas actuaciones promovidas e impulsadas desde Transportes.
En concreto, habla de la publicación de la nota de prensa que emitió el Ministerio de Ábalos para avalar el rescate de Air Europa, cuyos intereses defendía De Aldama.
A este respecto, reitera que Ábalos, «siempre sirviéndose de su asesor», pudo promover por encargo de Aldama «la publicación de una nota de prensa por parte del Ministerio del que era titular, mostrándose partidario y expresando el progreso de las gestiones para que dicha mercantil obtuviera la correspondiente financiación pública».
«A cambio de la difusión por los medios de comunicación de dicha nota de prensa elaborada por el Ministerio de Transportes -que naturalmente beneficiaba a Air Europa tranquilizando a sus acreedores-, podría haber obtenido el entonces ministro el gratuito disfrute de un chalet vacacional en Marbella durante varios días, arrendamiento que habría formalizado la esposa de Koldo y satisfecho él mismo sirviéndose de un ingreso en metálico efectuado en una de sus cuentas», recalca.
Se refiere también a «las gestiones realizadas en favor de Villafuel para que sus representantes lograran reunirse con personas que pudieran facilitar la licencia de operador de hidrocarburos que perseguían; o las que determinaron la reunión que De Aldama sostuvo con Carlos Moreno, quien era en ese momento jefe de gabinete de la ministra de Hacienda, reunión que tenía por objeto procurar el aplazamiento de una deuda tributaria de una de las empresas de Aldama».
Los contratos y el piso de la expareja de Ábalos
Puente indica asimismo que en la pieza principal se incluirían «la arbitraria colocación en sendas empresas públicas de, al menos, Jéssica Rodríguez y Claudia Montes», dos mujeres que habrían tenido relación con Ábalos y que por la presunta influencia del entonces ministro y gracias a las gestiones de Koldo habrían sido contratadas en Ineco y Tragsatec, en el caso de la primera, y en Logirail, de la segunda.
El instructor anuda que, «como parte de los beneficios económicos indebidamente obtenidos por Ábalos, pudiera haberse favorecido del pago, por parte de Aldama o de personas terceras por él interpuestas -el empresario Alberto Escolano-, de los alquileres de la vivienda en la que residía quien fuera entonces la pareja sentimental» del entonces ministro, Rodríguez.
El magistrado recapitula que Ábalos «también que podría haber concertado, previa compra realizada por una empresa tercera a indicación de Aldama (Have Got Time), el alquiler con opción a compra de un chalet en la costa; y obtenido también de Aldama un contrato de alquiler, igualmente con opción a compra, de un piso de unos 250 metros cuadrados en el Paseo de la Castellana de Madrid, en el que se fijaba un precio de venta (750.000 euros), aparentemente muy inferior al de mercado».
Finalmente, menciona que, «durante el periodo de restricción de la movilidad derivada de la pandemia», «a petición» de Aldama y «por intermediación» de Koldo, «la secretaría personal de Ábalos confeccionó y firmó determinados salvoconductos en favor de las personas que Aldama les indicaba, aparentando entrevistas en el Ministerio de Transportes que, en realidad, no iban a realizarse, con el fin de permitir a los por aquellos favorecidos que pudieran transitar libremente».
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