Un jurado popular enjuiciará a partir del próximo día 20 de marzo en la Audiencia Provincial de Sevilla a un guardia civil por presuntos delitos de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos al estar acusado de «facilitar datos» relativos a distintos vehículos a su excuñado entre el 27 de julio y el 21 de septiembre de 2023. Para ello, consultó diferentes bases de tráfico a las que tenía acceso por su cargo como agente de la autoridad «a cambio de beneficio económico». Por estos hechos enfrenta una petición fiscal de siete años de cárcel. También será enjuiciado en el procedimiento este segundo varón. Según el Ministerio Público, solicitó estos datos mientras realizaba «trabajos remunerados para una agencia de investigación».
Según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público, el agente de la Guardia Civil mantenía una relación de amistad con su excuñado, que estuvo casado con su hermana hasta el año 2005. Esa relación hacía que el hombre «fuese consciente de que el Guardia Civil, por razón de su cargo como agente de la autoridad, tenía acceso a diferentes bases de datos de tráfico». A esas bases de datos concreta, los agentes «solo tienen acceso como fuentes de información protegidas y auditadas, cuyo uso es exclusivamente para el desempeño de las funciones que por competencia tienen atribuidas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».
Información a cambio de dinero
Así, el entonces excuñado realizaba «trabajos remunerados para una agencia de investigación. Para esa labor le interesaba conocer los detalles de tráfico de diferentes vehículos, tales como los titulares o matriculación ITV». Así, sabiendo que el agente que podía acceder a los mismos, le pidió estos detalles, según la Fiscalía, «a cambio de remuneración económica».
Prosigue, «siendo el agente consciente de la ilegalidad de la conducta y con ánimo de enriquecimiento ilícito, accedió a ello. De hecho, para tratar de ocultarse en varias ocasiones, acudió a otros compañeros agentes de Guardias Civiles, a los que les pedía que les facilitara la información requerida y que desconocían el fin ilícito último de los datos que le daban». No consta la cantidad de dinero que recibía por cada información que daba.
En consecuencia, se solicita para cada uno de los investigados la imposición de cuatro años de cárcel y el pago de una multa de 3.600 euros por el delito de cohecho, mientras que para el guardia civil también se pide tres años de prisión, inhabilitación absoluta por tiempo de seis años y el pago de una segunda multa de 3.600 euros por el delito de descubrimiento y revelación de secretos.
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