El Tribunal Supremo ha resuelto que corresponde al Juzgado de Instrucción número siete de Sevilla continuar la investigación sobre un presunto delito de corrupción en el deporte, en relación con supuestos amaños de partidos en el fútbol base de la provincia. La denuncia fue presentada por un árbitro formador que alertó de pagos ilegales de determinados clubes al Colegio de Árbitros de Sevilla, con el objetivo de obtener trato de favor en los arbitrajes.
La decisión del alto tribunal pone fin a un conflicto de competencias entre juzgados de Sevilla y Madrid, que se habían inhibido mutuamente respecto a la causa. El Supremo ha determinado que el juzgado sevillano debe investigar los hechos vinculados a la provincia, mientras que el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid será competente sobre una segunda denuncia presentada por el mismo árbitro, centrada en presuntas irregularidades en la Real Federación Española de Fútbol con sede en Madrid.
Dos denuncias en paralelo
Los hechos se remontan al 1 de marzo de 2024, cuando el árbitro denunciante, vinculado al Colegio de Árbitros de Sevilla, presentó ante la Policía Nacional una primera denuncia por supuestos pagos irregulares realizados por clubes de la provincia al colegio arbitral. Al día siguiente, amplió su denuncia en el juzgado de guardia, señalando posibles delitos cometidos por altos cargos de la Federación Española y Andaluza de Fútbol, e incluso por miembros de la Policía Nacional en distintas comunidades.
En un primer momento, el Juzgado de Instrucción número siete de Sevilla abrió diligencias por la denuncia relativa al presunto amaño de partidos en la provincia, pero en junio de 2024 se inhibió en favor de un juzgado de Madrid al considerar que los hechos podrían tener relación con la RFEF. Sin embargo, el juzgado madrileño rechazó hacerse cargo del caso al no considerar que los hechos ocurrieran en su jurisdicción.
Ante esta situación, el juzgado sevillano elevó la cuestión al Tribunal Supremo, que ha dictado un auto el pasado 12 de junio estableciendo que la investigación sobre los pagos irregulares en la provincia de Sevilla debe continuar en el Juzgado de Instrucción número siete. El Supremo también indica que será el juzgado madrileño el encargado de valorar la segunda denuncia, que se refiere a actuaciones en el seno de la RFEF con sede en Madrid.
Con esta resolución, el Supremo zanja la disputa jurisdiccional y permite avanzar en la investigación de unos hechos especialmente graves si llegaran a confirmarse, al afectar directamente a la integridad de las competiciones deportivas en categorías base.
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