La cárcel de Alhaurín de la Torre vuelve a ser escenario de graves altercados tras el último episodio de violencia registrado durante el fin de semana. Un interno agredió a una trabajadora del centro lanzándole una botella de agua al rostro, acompañando el ataque con escupitajos, amenazas e insultos de diversa índole.
El suceso tuvo lugar en el módulo 13 de la instalación penitenciaria, donde el orden se vio gravemente alterado según el relato de los sindicatos. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha sido la encargada de hacer pública la denuncia, destacando que la botella arrojada no contenía sustancias corrosivas, a diferencia de anteriores incidentes donde se empleó lejía contra los empleados.
Los sindicatos denuncian la escalada de violencia en los centros penitenciarios malagueños tras varios incidentes graves
La rápida intervención del personal penitenciario logró reducir al agresor, que fue trasladado de inmediato al módulo de aislamiento como medida disciplinaria. Sin embargo, desde las organizaciones sindicales CSIF y Tu Abandono Me Puede Matar (TAMP) expresan su preocupación por la frecuencia creciente de estos episodios violentos.
Según estas entidades, la falta de consecuencias graves para los agresores está alimentando una espiral de violencia que pone en riesgo constante la seguridad laboral. Además, denuncian la escasez de recursos humanos como factor agravante de la situación.
Carencias médicas
El problema de personal se evidenció el día previo al último incidente, cuando otro altercado no pudo gestionarse adecuadamente. La ausencia de facultativo médico en el centro impidió el traslado del interno conflictivo al módulo de aislamiento, ya que este procedimiento requiere evaluación médica previa.
Esta situación ilustra las deficiencias estructurales que enfrentan las instalaciones penitenciarias malagueñas, donde la falta de profesionales sanitarios complica la gestión de situaciones de emergencia y pone en entredicho los protocolos de seguridad establecidos.
Arma interceptada
Los problemas de seguridad trascienden las instalaciones de Alhaurín de la Torre. Hace una semana, los funcionarios del Centro de Inserción Social Evaristo Martín Nieto interceptaron un arma blanca de 22 centímetros que un recluso en tercer grado intentaba introducir camuflada entre sus pertenencias personales.
Tras la incautación, el interno fue derivado a un régimen cerrado, pero la Secretaría General ordenó su regreso al tercer grado apenas 48 horas después. Esta decisión ha generado malestar entre los trabajadores penitenciarios, que consideran inadecuada la medida adoptada.
La organización sindical argumenta que algunos internos no muestran interés alguno en su reinserción social
TAMP ha manifestado su oposición frontal a las directrices establecidas en la instrucción 4/2024, que según su criterio mantiene en semilibertad a reclusos que carecen de las condiciones necesarias para este régimen. La organización sindical argumenta que algunos internos no muestran interés alguno en su reinserción social.
«Se pone en peligro de manera deliberada a los trabajadores y a la propia sociedad», sostiene TAMP en su comunicado, donde critica duramente las decisiones administrativas que consideran permisivas con internos conflictivos que deberían permanecer en régimen cerrado por motivos de seguridad.
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