La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera (Aremehisa) ha solicitado al Ayuntamiento de Córdoba autorización para realizar nuevas pruebas de ADN sobre los restos humanos recuperados en 2019 en el cementerio de La Salud. El objetivo es confirmar si pertenecen a la periodista francesa Renée Lafont, considerada la primera corresponsal en perder la vida cubriendo un conflicto bélico.
La petición llega tras seis años de bloqueo administrativo que ha impedido la identificación científica definitiva de estos restos, a pesar de que las investigaciones apuntan a que podrían ser los de la reportera francesa fusilada el 1 de septiembre de 1936.
Un caso histórico sin resolver
Renée Lafont era una periodista francesa que llegó a España para cubrir la Guerra Civil. Su muerte, ocurrida hace 89 años, la convirtió en un símbolo trágico del periodismo de guerra. Sin embargo, su identificación definitiva sigue siendo una asignatura pendiente de la memoria histórica española.
La fecha de la petición no es casual. La asociación ha elegido el momento que coincide con la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, celebrado el 30 de agosto, y el aniversario del fusilamiento de Lafont.
Las pruebas anteriores no fueron concluyentes
En su momento, la Junta de Andalucía realizó las primeras pruebas genéticas a través de la Universidad de Granada, pero los resultados fueron negativos. Esto no significa necesariamente que los restos no pertenezcan a la periodista, sino que las condiciones técnicas de entonces no permitieron una identificación definitiva.
Ahora, la situación ha cambiado sustancialmente. Aremehisa asegura contar con nuevas herramientas que aumentan considerablemente las posibilidades de éxito. La clave está en el estudio genealógico completado y, sobre todo, en la localización de la sepultura de los padres de Lafont en Bayona, Francia.
Una nueva oportunidad con mejores condiciones técnicas
La propuesta actual presenta ventajas significativas respecto al primer intento. El ADN de los padres de la periodista, enterrados en Bayona, ofrece «el mayor grado de compatibilidad» para establecer la filiación genética. Este tipo de comparación directa entre ascendientes y descendientes suele ser más fiable que otros métodos de identificación.
Además, los avances en las técnicas de análisis genético de los últimos años han mejorado considerablemente la capacidad de extraer y analizar ADN de restos antiguos o en mal estado de conservación.
Un ofrecimiento sin coste para las administraciones
Uno de los aspectos más llamativos de la propuesta es que Aremehisa se ofrece a asumir todos los costes del proceso. Esto incluye tanto los gastos de personal técnico como los de las propias pruebas genéticas, que se realizarían en un laboratorio privado especializado.
Esta oferta elimina las posibles objeciones económicas tanto del Ayuntamiento de Córdoba, que mantiene la custodia de los restos, como de la Junta de Andalucía, que tiene competencias en materia de pruebas genéticas para identificación.
El reparto de competencias administrativas
La situación actual refleja la complejidad del marco competencial en casos de memoria histórica. El Ayuntamiento de Córdoba ostenta la custodia física de los restos recuperados, mientras que la Junta de Andalucía tiene las competencias para autorizar y supervisar las pruebas genéticas.
Esta división de responsabilidades ha contribuido a la demora en la resolución del caso, según denuncia Aremehisa. La asociación considera que se trata de «una mera cuestión de voluntad política» resolver un expediente que «ha acabado eternizándose».
La importancia histórica del caso
Renée Lafont representa un hito en la historia del periodismo mundial. Su condición de primera corresponsal muerta en acto de servicio la convierte en un símbolo de la profesión y del riesgo que asumen los informadores en zonas de conflicto.
La identificación definitiva de sus restos tendría un valor simbólico que trasciende el ámbito local. Permitiría «sacar a Renée Lafont de la categoría de desaparecida casi nueve décadas después de su asesinato», según palabras de Aremehisa.
Un proceso que se alarga en el tiempo
Los seis años transcurridos desde la exhumación de 2019 han generado frustración en la asociación memorialista. Durante este período, «las administraciones siguen sin facilitar el acceso de nuestros técnicos a los restos recuperados», lo que ha impedido avanzar en la identificación.
Esta situación contrasta con la disponibilidad mostrada por Aremehisa, que mantiene preparados tanto los recursos técnicos como económicos necesarios para completar el proceso de identificación.
El precedente para casos similares
La resolución del caso Lafont podría sentar un precedente importante para otros procesos de identificación de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. La colaboración entre asociaciones memorialistas y administraciones, con financiación privada, podría convertirse en un modelo replicable para acelerar la resolución de casos similares.
El éxito de esta identificación demostraría además la viabilidad de las técnicas genéticas actuales aplicadas a restos históricos, abriendo nuevas posibilidades para decenas de casos que permanecen sin resolver en toda España.
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