Ascienden a 46 las víctimas por el trágico accidente ferroviario de Adamuz tras la muerte de Patricia, una mujer de 39 años procedente del municipio onubense de La Palma del Condado. Esta vecina de la provincia de Huelva se encontraba ingresada en la UCI del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Era una de las viajeras del tren Alvia, concretamente estaba en el segundo vagón. Había viajado a Madrid para participar en las oposiciones de prisiones, como otras muchas de las víctimas del accidente.

Se convierte así en la víctima número 29 de la provincia de Huelva, y también es la tercera persona que fallece de ese mismo municipio a causa del accidente entre trenes. Es la víctima número 46 del accidente de tren de Adamuz, que  ocurrió el 18 de enero y por el que este jueves se celebró una misa funeral en el Pabellón Carolina Marín de la capital onubense.

La paciente se encontraba ingresada en la unidad de cuidados intensivos del hospital Reina Sofía de Córdoba con graves problemas pulmonares a consecuencia del accidente. Hasta este jueves, la UCI del mencionado centro hospitalario acogía a tres heridos críticos del trágico siniestro ferroviario.

Huelga de Trenes

La huelga convocada por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) para los días 9, 10 y 11 de febrero, a la que se han sumado el resto de colectivos del sector, afectará a las circulaciones de las tres empresas de pasajeros (Renfe, Iryo y Ouigo) y a las cinco principales compañías de mercancías (Medway, Captrain, Transervi, Redalsa y Tracción Rail).

Según recuerda el sindicato en un comunicado, los paros serán a jornada completa y reclaman un cambio estructural que garantice la seguridad y la calidad del sistema ferroviario español, tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).

«Resulta incomprensible que determinadas actuaciones de diagnóstico se realicen con espacios temporales de meses desde la última revisión. Igualmente, resulta incomprensible observar el deterioro paulatino de la infraestructura, que daña a los vehículos, supone un riesgo laboral para los profesionales y una absoluta pérdida de confort para los usuarios, además de los riesgos añadidos que, a medio plazo, conlleva para la operación», argumenta Semaf.

Por ello, reivindican un cambio estructural en la adopción y aplicación de mecanismos en todo el ámbito ferroviario, empezando por adoptar medidas cuando un profesional comunique formalmente situaciones de riesgo y anomalías en las infraestructuras ferroviarias o por la adopción proactiva de actuaciones frecuentes de diagnóstico y prevención sobre la red.