Las organizaciones agrarias de COAG, UPA y Asaja Andalucía han valorado las declaraciones ofrecidas por el ministro de Agricultura, Pesca y Ganadería, Luis Planas, sobre la pertinencia de abordar con las comunidades autónomas el paso de la vacunación «voluntaria» a «obligatoria» del ganado tras verse afectado por el virus de la lengua azul. Al respecto, las entidades han defendido la necesidad de que las administraciones públicas proporcionen «vacunas eficaces» y adopten un enfoque «coordinado y riguroso» de diálogo para contener una enfermedad que, según advirtió Planas, muestra una «evolución preocupante» con impacto en varias explotaciones ganaderas del país.
El secretario general de Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) Sevilla, Eduardo Martín, ha afirmado en declaraciones a Europa Press que su recomendación es «insistente y continua» de que se vacune a todo el sector ganadero como «único medio de lucha» contra la afección para el ganado.
«Cada vez el ganadero está más concienciado porque esta enfermedad animal no es nueva, sino que viene de atrás, desde hace más de 20 años. Ya estamos familiarizados con ella y lo que parece que está cambiando es que cada vez aparece más serotipos y que además el vector que contagia, que es el mosquito, ya entra por varias zonas de la península, no solo por el sur, sobre todo porque la climatología también favorece la proliferación de estos vectores para contagiar al ganado», ha explicado Martín.
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En este sentido, el secretario general de Asaja ha advertido que la aparición de muchos tipos de serotipos y el nivel de afección tiene «efectos demoledores» tanto para la cabaña ganadera, la explotación y derivación comercial del producto. Por ello, ha recalcado que no parece razonable una vacuna obligatoria «cuando el propio ministerio reconoce que no tiene vacunas para todos los serotipos y en el momento oportuno».
De este modo, Asaja ha exigido que el ministerio invierta y apueste por conseguir una «vacuna polivalente» para todos los serotipos, además de pedir que debe trabajar con los laboratorios y conseguirla en cantidad suficiente para poder plantear la «idoneidad o no» de una vacunación «obligatoria». «También se debe de apoyar a los ganaderos afectados con medidas para la desinfección y para volver a poner la explotación en producción, aquellas explotaciones que ahora han resultado más castigadas», ha manifestado Martín.
Por otra parte, la secretaría de Ganadería de UPA Andalucía, Paqui Iglesias, ha calificado la situación actual como de «desorden total» y ha considerado que la iniciativa del Ministerio «puede ser una solución» ante el agravamiento de la enfermedad. En este contexto, ha criticado que la voluntariedad ha provocado que algunos laboratorios hayan dejado de producir vacunas para serotipos actualmente activos -como el 3 y el 8-, que «están causando graves daños a la cabaña ganadera», ha advertido.
Además, ha señalado que, en el caso del serotipo 3, «los ganaderos no están observando una respuesta positiva a la vacuna», lo que genera, a su juicio, «desconfianza y favorece a la aparición de grupos negacionistas» dentro del sector. Por ello, Iglesias ha manifestado que la vacunación obligatoria «va a poner orden en un sector que lo necesita», especialmente ante «la elevada mortalidad» provocada por esta enfermedad vírica.
También ha criticado el actual sistema de costes para el sector ganadero en cuanto a estas vacunas, ya que, según ha expuesto la representante de UPA, «los ganaderos en estos momentos están pagando cinco euros por el trabajo del veterinario y pinchazo, más lo que vale la vacuna, que son dos euros y medio».
Por su parte, el responsable de Ganadería de Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) Andalucía, Antonio Rodríguez, ha defendido que los animales «tienen que vacunarse sí o sí», y ha subrayado que tanto el Ministerio como la Junta de Andalucía deben proporcionar y asumir el coste de las vacunas. Asimismo, ha aclarado que si para conseguir el control de esta enfermedad tiene que ser obligatorio la vacunación, COAG-A considera que medida debe ir acompañada de un diálogo previo entre las administraciones y el sector ganadero para valorar sus implicaciones.
«Primero debe llevarse algunas reuniones con las administraciones públicas para explicar los ‘pros y contras’ de este proceso. No nos cerramos a que sea obligatorio tampoco, si va a haber más ventajas siendo obligatoria y todo lo asume la Administración, tendremos que ir cambiando de estrategia con la Consejería y el Ministerio», ha expuesto Rodríguez.
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