El nuevo Centro de Internamiento de Menores Infractores (CIMI) de Málaga sigue dando que hablar. Ahora, la comunidad de propietarios de la urbanización El Olivar, junto a otras comunidades vecinales de Churriana, ha vuelto a expresar su indignación y preocupación ante los últimos acontecimientos relacionados con esta instalación ubicada en la avenida de la Asunción del distrito churrianero. En concreto, los vecinos denuncian la presencia de una hormigonera trabajando en la construcción de una pista deportiva en las instalaciones del CIMI, «lo que evidencia que las obras no han sido concluidas, a pesar de que la Junta de Andalucía formalizó el contrato con la empresa adjudicataria, ADIS Meridianos, el pasado 28 de mayo, y de que el Ayuntamiento de Málaga ha otorgado la licencia de apertura».
Los vecinos de Churriana, tras la reunión con el alcalde por el CIMI: «Al principio fue algo tensa»
Según destacan los propietarios de la zona, tener una pista polideportiva de 900 metros cuadrados era uno de los requisitos mínimos que se fijaba para el inmueble, por lo que la Junta de Andalucía «formalizó el contrato sabiendo que la adjudicataria incumplía ese aspecto». En un comunicado vecinal, señala que esta situación «resulta inaceptable y plantea serias dudas sobre la legalidad y transparencia del proceso» y cuestionan que se haya formalizado el contrato y otorgado la licencia para el centro sin que hayan finalizado las obras.
Es por ello que los vecinos de El Olivar apuntan que estas actuaciones «vulneran» la normativa urbanística y los requisitos técnicos exigidos para un centro de estas características, tal y como han incidido a través de múltiples escritos presentados ante el Ayuntamiento, la Consejería de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ya ha admitido a trámite nuestra denuncia contra la adjudicación del contrato.
En este sentido, también destacan que el cambio de las campanas extractoras de humo solamente se ha llevado a cabo tras la presión ejercida por los vecinos y la presentación de una denuncia ante el juzgado de guardia. «Este hecho no hace sino confirmar la falta de rigor en la gestión del proyecto por parte de las administraciones competentes y de la empresa adjudicataria, que parecen actuar únicamente bajo la presión vecinal y no por un compromiso con el cumplimiento de la normativa».
Por todo ello, exigen a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Málaga que «paralicen de inmediato la apertura del CIMI hasta que se subsanen todas las irregularidades, se realice un cambio de uso urbanístico acorde al PGOU y se garantice la seguridad y la convivencia vecinal». Asimismo, hacen un llamamiento a la ciudadanía para que «se sume a nuestra lucha por la justicia y el sentido común».
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