El grupo parlamentario de Vox ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) en el Parlamento de Andalucía para exigir que se esclarezcan las circunstancias y se depuren responsabilidades políticas, administrativas y penales en relación con el asesinato de Álex Ortega, el joven de 16 años que fue apuñalado mortalmente en Córdoba. El presunto autor del crimen era un menor que se encontraba bajo la tutela de la Junta de Andalucía.
Así lo ha anunciado el diputado autonómico de Vox por Córdoba, Alejandro Hernández, quien ha señalado que el agresor había estado previamente en un centro de menores infractores de la Junta hasta diciembre del año pasado. Posteriormente fue trasladado a un centro de tutela, un tipo de recurso residencial gestionado por las administraciones públicas para proteger a menores en situación de desamparo o riesgo social. Semanas después de este cambio, cometió el asesinato que ha conmocionado a toda la sociedad cordobesa.
Críticas al sistema de protección de menores
Hernández ha transmitido en primer lugar la solidaridad de su partido con la familia y amigos de la víctima, calificando la pérdida de Álex como una «tragedia insalvable». A su vez, el diputado ha advertido que este crimen pone en evidencia «graves fallos» en el sistema de protección de menores y en los protocolos de seguimiento de los tutelados.
El representante de Vox ha cuestionado públicamente cómo un menor bajo la protección de la Junta podía estar en un «botellón» (reunión al aire libre para consumir alcohol), portando un arma blanca y con un historial de peligrosidad y violencia. «Si como dijeron desde la Delegación de la Junta se cumplieron todos los protocolos, es evidente que debemos revisarlos y rediseñar nuevas formas de control y actuación», ha subrayado Hernández.
Además, el diputado ha criticado la falta de información por parte de la consejera de Inclusión Social, Loles López, quien, según él, desconocía que el menor agresor dependía de su departamento. La consejera llegó a afirmar en sede parlamentaria que el joven se encontraba en un centro gestionado por la Consejería de Justicia, un hecho que, para Vox, demuestra un «incomprensible desinterés dada la gravedad del asunto».
Responsabilidad política y nuevas medidas
Vox considera que si la Junta de Andalucía acepta el pago de la indemnización de 450.000 euros a la familia de Álex, debe existir también una responsabilidad política. El partido busca conocer qué falló en el sistema para evitar que un suceso tan «luctuoso» vuelva a ocurrir.
La PNL presentada por Vox exige la implantación de un sistema de control «más estricto» para los menores tutelados en centros de protección y un refuerzo de los protocolos en caso de ausencias injustificadas. La iniciativa también pide una mayor coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para responder de forma más rápida a la desaparición de un menor. Finalmente, se propone revisar las medidas de tutela vigentes y la creación de centros con mayor vigilancia para los menores que representen un riesgo para la sociedad.
Hernández ha concluido su intervención destacando que este caso ha abierto un debate social sobre la necesidad de endurecer las penas y la responsabilidad legal de los menores. A pesar de la complejidad del asunto, ha expresado su confianza en que la justicia actuará de forma correcta al aplicar la ley vigente.
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