Aunque todavía queda un mes (30 de noviembre) para que se empiece a sancionar en Málaga por la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), esta ya será protagonista en el próximo Pleno ordinario del Ayuntamiento, que se celebrará este jueves 30 de octubre. El grupo municipal Con Málaga ha presentado una moción mediante la que exige retrasar la implantación de sanciones a los vehículos que incumplan las restricciones de la ZBE.
Al menos, hasta, según se explica en el texto de la moción, garantizar el desarrollo de medidas de refuerzo del transporte público, adoptar medidas que no penalicen a personas trabajadoras o que no puedan renovar sus vehículos por motivos económicos, la creación de aparcamientos disuasorios u otras medidas que permitan una transición «equitativa y justa hacia una ciudad sostenible libre de emisiones».
Entre los diez acuerdos de la moción presentada por Con Málaga, la formación política también pretende que el Consistorio se comprometa a estudiar la implantación de bonos de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT) para personas a las que la ZBE les impida hacer uso personal o profesional de su vehículo y no cuenten con ingresos suficientes para cambiarlo.
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Además, el grupo liderado por Nico Sguiglia y Toni Morillas quiere que el Ayuntamiento elabore y lleve a cabo un plan de inversiones para desarrollar con «urgencia» la red de aparcamientos disuasorios incluida en el Plan de Movilidad Sostenible.
Gobierno andaluz y central
Otro de los objetivos de la moción es que el Ayuntamiento inste al Gobierno andaluz y al central a suscribir un gran pacto por la movilidad ferroviaria en la provincia de Málaga, acompañado de un plan de inversiones y un calendario para su ejecución.
En el otro lado de la oposición en el Consistorio malagueño, Vox también está en contra de esta ZBE. Vox presentó, el pasado 22 de octubre, un escrito de conclusiones en el procedimiento contencioso-administrativo que mantiene contra el Ayuntamiento. Esta formación política considera que la ordenanza que regula esta medida es «nula de pleno derecho» y que se trata de una decisión «meramente recaudatoria».
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